Apelando a convención de DD.HH. Ruiz-Tagle pide sanción a juez que ordenó detenerlo por “cartel del confort”
El defensor del ex ministro aseguró que el tribunal actuó de manera "abusiva" al haber mandatado a la PDI para que lo condujera "compulsivamente" para que declarara. La magistrado involucrada se defiende indicando que, con los hechos que tenía a disposición, era la única opción para lograr la diligencia.
Fue una fuerte discusión que se sostuvo a finales de noviembre del año pasado. Las alertas surgieron cuando se supo que el juzgado de garantía de Puente Alto había cursado una orden de detención en contra del ex ministro del deporte, Gabriel Ruiz-Tagle, en medio de las diligencias que la Fiscalía Sur realizaba en el contexto del “cartel del papel confort”.
Ruiz-Tagle fue dueño de la empresa Pisa, adquirida y conocida hoy por SCA. Pisa, junto con la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del grupo Matte, fueron requeridos por la Fiscalía Nacional Económica por haberse coludido para fijar los precios de productos derivados del papel.
La Fiscalía Sur, de mano del persecutor Cristián Galdames, comenzó a interrogar a diversos involucrados, pero Gabriel Ruiz-Tagle aparentemente no concurría a la sede del Ministerio Público.
El 13 de noviembre del año pasado, un funcionario de la PDI se comunicó con uno de los hijos de Ruiz-Tagle para citarlo. Ese día Carlos Cortés, abogado del ex ministro, le envió un mail al fiscal de Puente alto, diciendo que no podía asistir en la fecha propuesta. El defensor asegura que nunca tuvo respuesta. El 26 de noviembre, la policía civil fue a la casa de Ruiz-Tagle para citarlo a declarar el 30 de noviembre a las 9:30 horas, sin éxito. Nuevamente hubo un envío de correos, pero no tuvo respuesta.
El 30 de noviembre, el juzgado de garantía autorizó “conducir compulsivamente” a Ruiz-Tagle a declarar. Poco después de que se publicó la información, raudo llegó el ex secretario de Estado, en compañía de su abogado Carlos Cortés, a declarar. Salió y Ruiz-Tagle aseguró que no existía orden de detención de su contra, lo que fue refrendado por su abogado. Galdames salió pocos minutos después enfatizando en que sí existía dicha orden y que incluso se había despachado a la Policía de Investigaciones.
A poco más de dos meses , de acuerdo publica La Tercera, el defensor de Ruiz-Tagle interpuso una queja disciplinaria contra la jueza de Puente alto, Carolina Toledo, por haber autorizado la orden de detención.
En el escrito, se cita la convención americana de Derechos Humanos, y platea que “la resolución que ordenó la detención de mi representado resulta ser arbitraria, ya que la decisión se basa en el mérito de lo informado por el Ministerio Público, y sin haber cumplido con las exigencias mínimas de principio de contradictoriedad y, además, sin respeto al principio de proporcionalidad”.
Asimismo, esta resolución sería “ilegal, por haberse dictado sin que mi representado hubiese sido legalmente citado”, y de acuerdo a los hechos que plantea el legista en el escrito, el comportamiento del tribunal se podría calificar de “actuación abusiva”.
La jueza Carolina Toledo se defendió estableciendo que con los antecedentes que tenía, la forma como se relatan los hechos respondían a la única opción para lograr la diligencia.
