Los descargos de Chadwick ante la justicia por arista civil del caso Caval
El síndico de quiebras declaró por cerca de cuatro horas por las presuntas irregularidades por las que es requerido en lo que fue el convenio preventivo de la familia Wiesner.
Cerca de cuatro horas estuvo el síndico de quiebras Herman Chadwick declarando en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago por las presuntas irregularidades por las que es requerido en lo que fue el convenio preventivo de la familia Wiesner, otrora dueños de los predios que fueron vendidos en Machalí y que de paso dieron inicio al caso Caval.
En su declaración, a la que tuvo acceso T13, se le consultó por los reparos formulados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a los $415 millones cancelados al gestor inmobiliario Juan Díaz, arista surgida luego de que Patricio Wiesner y Helga Riffhart, señalaran que el pago no contaba con la debida autorización y se trataba de una cifra “desproporcionada”.
“Es efectivo que no se aprobó en parte los gastos, específicamente los honorarios del cambio de uso de suelo (Juan Díaz). Respecto de los otros gastos en cesión de septiembre de 2015, dicha comisión decidió no pronunciarse por cuanto estimaron que su calidad de acreedor había terminado, y a que se encontraba totalmente pagados”, sostuvo el síndico.
Así mismo, reconoció que “lo de Juan Díaz lo llevé a la comisión por petición expresa vía correo electrónico de don Alex Wiesner (hijo de Patricio Wiesner) en representación de la proponente una vez que ya se habían pagado todos los acreedores y este pago de honorarios se estimó sólo afectaba al remanente del convenio”.
“En señal de probidad entregué en el tribunal depósitos a plazo equivalentes a los honorarios de don Juan Díaz a fin de que sea el tribunal si corresponde restituirse y a quién”, afirmó. Sin embargo, la Superintendencia de Insolvencia, en el informe entregado el pasado 5 de enero, planteó que los montos no estaban debidamente aprobados por los acreedores, ya que no cumplía con el quórum establecido en la ley para estas operaciones.
Ante esto, Chadwick sostuvo que “no cumplieron con la formalidad de ser aprobados por los acreedores en forma expresa”.
Otro de los puntos por los que fue consultado fue respecto a la denuncia del abogado de la familia Wiesner en cuanto a la entrega de un supuesto “premio” de $96 millones emitido a nombre de una sociedad tercera llamada Vicuña y Compañía, adicional a los $274.742.000 pactados en el convenio de liquidación de los predios de Machalí.
“Don Alex Wiesner en el año 2012 me planteó vía correo electrónico establecer un premio para el caso de que se lograran pagar todos los acreedores y hubiera un remanente para la proponente”, señaló, agregando que habría fijado una tabla para calcular dicho honorario en consideración del precio en que se vendieran los terrenos. Pero recalcó que “nunca cobré un honorario adicional como costa que no lo hice en forma escrita ni verbal, nació del propio Alex Wiesner”. Incluso señala que en caso que hubiera sido su voluntad habría optado por una modificación de honorarios “ya que la ley no lo impide”.
Así, estimó que “dicho premio u honorario adicional correspondía pagársele” al abogado Andrés Orchard “por los servicios prestados a la señora Helga durante los tres años que duró el convenio”.
“Yo no recibí como consta en las cuentas corrientes personales y en las cuentas corrientes de mis sociedades las cuatro mil UF. Este honorario lo cobró Andrés Orchard a través de una sociedad de servicios financieros de su propiedad llamada Vicuña y Compañía en conformidad a lo que él acordó con don Alex Wiesner” y descartó que el abogado trabajara para él, junto con negar ser socio de Vicuña y Compañía.
Pero sí reconoció que parte de esos dineros fueron a parar a una de sus sociedades, ya que Orchard utilizaba las dependencias de su oficina, cancelando por los gastos que ello implicaba. “No recibí todo ni parte de dichos honorarios, lo que sí recibió Asesorías Jurídicas Herman Chadwick EILR de parte de Vicuña y Compañía fue la suma de 34 millones y fracción correspondientes al arriendo, gastos y otros” por 3 años, testificó.