Caso 27-F: Fiscalía acepta suspender proceso a cambio de compensación económica
Los seis acusados están ad portas de tener una salida alternativa. Si se concreta ante el tribunal deberán pagar $246 millones a las familias de las víctimas del terremoto y tsunami de 2010.
La Fiscalía Occidente, entidad que lleva el caso del 27F, se abrió a la opción de negociar una “suspensión condicional del procedimiento”. Y ahora el trato que involucra a los seis imputados por la fallida alerta de tsunami, causado por un previo terremoto en 2010, parece estar casi zanjado.
Se trata de una salida alternativa al juicio oral a cambio de compensaciones a los familiares de las víctimas que cobró el maremoto. La cifra total se traduce en $245 millones, según consigna Emol.
Así el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende; la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina, evitarán la prolongación de un proceso que lleva cinco años.
Rosende será quien deba desembolsar un monto mayor correspondiente a $80 millones, mientras que Fernández deberá pagar $40 millones. Jamett, por su parte, entregará $5 millones para reparar el mal causado y el resto de los marinos, $40 millones.
El dinero será destinado a una universidad con el fin de hacer un estudio sobre un sistema de protección civil y que permita tener una herramienta más efectiva a la hora de catástrofes de esa naturaleza.
