¿Síndrome SII? Tribunal Constitucional cuestiona atribución exclusiva del Servel para querellarse contra políticos

“Si no hay más querellas, tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de término que la ley establece”, indicó hace unos meses el Fiscal Nacional Jorge Abbott, a causa de una serie de dirigentes políticos investigados por presunto financiamiento político irregular, que no han podido ser formalizados precisamente por la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos.

Hasta ahora, la forma cómo el Ministerio Público ha llegado a develar la forma irregular en la que se hacía llegar dinero a campañas y actividades políticas ha sido a través de la rendición de documentos tributarios fraudulentos. Estos justificaban supuestos trabajos, que en la mayoría de los casos se ha demostrado que no se han hecho. Con estos documentos, a su vez, las empresas que los cursaban reducían el monto que debían tributar, lo que para la Fiscalía constituye un delito tributario.

El “problema” es que por el ordenamiento jurídico chileno, sólo el SII puede presentar querellas o denuncias por este tipo de delitos… y en ciertas oportunidades el organismo se ha mostrado renuente a hacerlo.

En el clímax del caso Penta, el SII presentaba acciones penales contra una gran mayoría de políticos de Chile Vamos, pero en el marco del caso SQM, cuando comenzaron a aparecer nombres de altos dirigentes de la ex Concertación, incluyendo parlamentarios en ejercicio, la institución entonces encabezada por Michel Jorrat comenzó a actuar de forma cuando menos errática.

Luego, cuando Jorrat fue removido de su cargo, entró en juego Fernando Barraza, quien en múltiples ocasiones ha manifestado que la misión del ente tributario no es presentar querellas, sino concentrarse en la correcta recaudación de impuestos. “Las querellas son una herramienta más que tiene el Servicio de Impuestos Internos para cumplir con su misión”, afirmó Barraza.

Este comportamiento de la institución derivó en que se acusara que el SII se actúa con cierto “sesgo”.

Con ese contexto, y justo que con los mencionados delitos se estableció la Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, surgió una atribución que generó cierto “deja vu” en quienes siguen este caso.

La nueva ley dice que “las investigaciones de los delitos descritos en los artículos 27 bis y 27 ter solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio electoral”. Estos delitos corresponden a “quienes otorguen u obtengan aportes para candidaturas o partidos políticos”, o en caso de que se detecten rendiciones “con antecedentes falsos”.

La Tercera publica que estos párrafos están en la mira del Tribunal Constitucional, precisamente porque el nombramiento de los integrantes del consejo directivo del Servel radica específicamente en la clase política. En la nueva ley, específicamente el Presidente de turno propondrá al Senado a los cinco integrantes del consejo directivo, los que deben ser ratificados por al menos dos tercios de los miembros de la Cámara alta.

La Corte Suprema, en diciembre del 2015, envió un informe a la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado –a cargo del senador Ignacio Walker (DC)- donde cuestionaron este tipo de inicio de investigación penal, ya que impactaría las facultades del Ministerio Público. “En efecto, la estrategia legislativa de restringir el inicio del proceso penal a la decisión discrecional de un órgano público de composición eminentemente política, no hace otra cosa que evitar la investigación o dejarla supeditada a una evaluación política que se une a otras determinaciones de ponderación subjetiva de las autoridades”.

Pese a todo, a habría acuerdo (no significa una resolución positiva o negativa, sino que se llegó a una decisión), la que sería comunicada en los próximos días. De acuerdo a La Tercera, se habría aprobado la ley, pero existirían votos de minoría justamente por estas polémicas indicaciones.