La lucha contra el tiempo de la AFEP: la agrupación que busca castigo para los victimarios de la dictadura

Sobreseído, sin haber cumplido ninguna pena, sin haber reconocido ninguna verdad y a los 94 años. Así terminó hace unas semanas la vida de uno de los asesinos más grandes de la historia de Chile: el general Sergio Arellano Stark, responsable de la muerte de 72 personas en dictadura en la llamada “Caravana de la muerte”.

El drama es aún mayor. Cientos de otros militares, responsables del asesinato y tortura de personas durante la dictadura de Pinochet, están prontos a correr la misma suerte. Los victimarios están cada vez más viejos, algunos de ellos con alzheimer, y quienes están condenados, sufren problemas de salud que podrían impedirles cumplir la condena. Mientras que millares de chilenos aún no saben qué sucedió realmente con sus familiares asesinados.  ¿Es hora de dar vuelta la página definitivamente?

Una agrupación que en 1978 se fundó con el fin de dar apoyo a los familiares de las víctimas de la dictadura, quieren que esto pase solo cuando se condene a los culpables. Esta es su cruzada desde 2010. Hasta la fecha, y con un grupo de jóvenes abogados que trabaja de forma voluntaria, han presentado 1.200 querellas por causas de asesinato y tortura que hasta entonces nadie había tomado en cuenta. Se trata de víctimas sin la visibilidad de Víctor Jara o Frei Montalva. Pobladores, estudiantes, obreros o campesinos prácticamente anónimos cuya muerte nunca fue esclarecida. Y que el paso del tiempo pone en riesgo de esclarecer.

La lucha contra la “impunidad biológica”

El 7 de septiembre de 1986, Alicia Lira se encontraba con su marido Felipe Rivera viendo televisión cuando una noticia la alegró enormemente: gente del FPMR había atentado contra el general Pinochet. Lira de inmediato quiso ir a celebrar a la calle. Pero Rivera, electricista, militante comunista y buscado por los militares desde 1973, fue más cauto.

“Nunca hay que alegrarse antes de tiempo, porque la bestia herida patalea mucho más que cuando está muerta. Uno nunca sabe las consecuencias que puede traer esto”, le habría dicho Rivera a su esposa, según el sitio “Memoria Chilena”. Y tuvo razón: Pinochet no murió. Pocas horas después, a las dos de la madrugada del 8 de septiembre, un grupo de hombres con pasa montaña rodearon su casa en Pudahuel, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron en un taxi con rumbo desconocido. Nunca más volvió.

Fue así como Alicia Lira, a quien también le habían secuestrado un hermano, quien sobrevivió, pasó a formar parte de la “Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos”. Hoy y por un tercer período consecutivo, es su presidenta. En un principio, la AFEP se dedicaba a acompañar y dar contención a los familiares de víctimas. Pero su cruzada en estos tiempos incluye una tarea en la que perseveran con fiereza: lograr que los autores de los crímenes cometidos en dictadura que aún no han sido castigados sean castigados judicialmente.

Fue en 2010 cuando comenzaron con esta tarea. “Nos dimos cuenta de que había  ejecutados políticos que están en el informe de verdad y reconciliación, por los que nadie había presentado querella. Eran trabajadores, obreros, campesinos, y estudiantes que fueron asesinados pero cuya muerte no se ha esclarecido o los culpables no han sido juzgados”, explica Lira, que agrega que para la AFEP “no hay causas emblemáticas o más importantes que otras”.

Para llevar a cabo esta tarea, los abogados Marcelo Tapia y Eduardo Contreras asumieron como coordinadores jurídicos de la agrupación. Y junto a ellos, casi una veintena de voluntarios, abogados, estudiantes de derecho, que no superan los treinta años y que no vivieron la dictadura, pero que trabajan en las querellas. “No haber vivido en esa época me da más razones para empatizar. Creo que nosotros los jóvenes podemos hacer mucho en esta labor judicial, sobre todos los que estudian derecho”, dice Amparo Saavedra de 25 años, que empezó a trabajar desde julio de 2014 en la AFEP.

Desde entonces han presentado cerca 1250 querellas, de las cuales menos de 100 han tenido fallos. Uno de los éxitos judiciales de la AFEP fue lograr identificar a uno de los victimarios de Rodrigo Rojas de Negri, del caso Quemados. Los jóvenes viajan incluso a regiones a los tribunales sin remuneración. Pero las dificultades para saber la verdad son cada vez mayores. No solo por los militares que aún no rompen el pacto de silencio. El paso del tiempo también ha hecho lo suyo y pone en peligro la realidad.

Así lo explia el abogado Marcelo Tapia: “La mayoría de los victimarios tienen alta edad y se excusan en que no recuerdan los hechos. Y el paso del tiempo efectivamente ha ido borrando las huellas y cada vez que hacemos una investigación del caso, nos encontramos con que algunas calles, pasajes, casas y otros lugares físicos donde ocurrieron los hechos a veces ya no existen. Entonces hacer una inspección en el lugar ya sirve de poco. Los testigos de la época ya no están. Y los familiares, amigos y testigos de las víctimas también ya están de alta edad. Estamos luchando contra el tiempo. Se está produciendo una impunidad biológica”.

Según la AFEP, el objetivo es que “ellos cumplan las penas que ameritan la gravedad de sus crímenes” y que esto “no pase nunca más en Chile”. Pero detrás de eso, hay un beneficio íntimo: la tranquilidad de las familias. Según el abogado Tapia, menos de cincuenta familias se han hecho parte de las querellas que presenta la agrupación. Sin embargo, una vez que se esclarece la verdad, estas encuentran una tranquilidad que antes no tenían.

“Hay familias donde nunca se presentó una querella o nunca se habló del hecho. Hubo silencio en esas familias y luego apareció esta verdad. Una verdad que los complica a todos en un comienzo, pero que luego produce una sensación de alivio y liberación de algo que sabían que existía pero que no sabían como resolver”, cuenta Marcelo Tapia.

El duelo de las familias

Alicia Ríos era una joven de 26 años, estudiante universitaria, que manejaba su bicicleta en la calle San Eugenio, en la comuna Ñuñoa. A las 16:15 de ese día su vida terminó abruptamente: una bomba estalló y la hizo volar a seis metros de altura y a 10 metros de distancia. Se dijo que ella era quien portaba los explosivos. Sin embargo, años después se logró confirmar que la bomba la pusieron agentes de la dictadura.

“Por casos como ese me dan ganas de seguir”, dice Amparo Saavedra. “Los responsables de muchos casos están vivos y deben pagar por lo que hicieron”, agrega. Pero la intención del grupo está lejos de la revancha. Sino más bien completar el duelo de las familias.

Así lo explica Alicia: “Yo soy atea. Pero jamas le pediría a un cristiano o me reiría o lo criticaría porque todos los años hacen el duelo por la muerte de Jesucristo, Nadie puede pedirnos algo diferente a nosotros porque son nuestros familiares. No los atropelló una micro, no murieron enfermos. Planificaron sus crímenes, asaltaron nuestras casas, los sacaron semi dormidos de las camas y los botaron como perros en la calle después de que los asesinaron y asesinaron. Así y todo jamás hemos perdido la humanidad ni guardamos rencor. Tenemos el ánimo y la energía suficiente para seguir adelante en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria”.

Dentro de este semestre, la AFEP prepara una nueva batería de querellas.  Esta vez irán más lejos: porque hasta entonces estaban defendiendo causas de víctimas que no eran conocidas públicamente, pero presentes en el Informe de Verdad y Reconciliación. Esta vez se querellarán por causas que no están incluídas en este y que por tanto, no son oficialmente víctimas. Porque para la agrupación no hay “causas emblemáticas” ni verdades oficiales que sean definitivas. Cada una de las familias de los ejecutados merecen conocer la verdad, en este caso aún escondida. Y cada vez queda menos tiempo.