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25 de Marzo de 2016

Senado decreta sanciones penales a fiscales que filtren investigaciones relacionadas con la política

Así, se determinó penas de cárcel para los fiscales que filtrasen información referida a casos de financiamiento irregular y cohecho.

Por Redacción
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La Comisión de Constitución del Senado recibió a principios de año a los representantes del Ministerio Público, donde además de ver temas relacionados con la Agenda Corta Antidelincuencia, se tocó un ámbito sensible para el Congreso, la reserva de las investigaciones de casos de cohecho y financiamiento irregular de la política.

De este modo, según consignó La Tercera, se determinó ampliar los plazos de reserva de las indagatorias, de 40 días a 90 días.

Junto con ello, se endurecieron las sanciones por filtraciones desde las fiscalías, llegando a una pena menor en su grado mínimo a medio, esto es, de 61 a 541 días de cárcel. Este castigo fue propuesto por el propio Ministerio Público.

Estas medidas fueron aprobadas sin reparos en la Comisión de Constitución y el pasado martes fueron validadas de manera unánime por la sala del Senado.

Estas indicaciones surgieron luego de la propuesta presentada por el senador PPD Felipe Harboe en la instancia parlamentaria, quien pidió determinar sanciones disciplinarias al fiscal y sus ayudantes “que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales”.

“El Honorable Senador señor Espina puntualizó que la situación que plantea la indicación tiene lugar preferentemente cuando se producen filtraciones de la carpeta investigativa. Expresó que esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado”, agregó Harboe.

A él se sumó el presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien recalcó en la necesidad de “establecer alguna forma de sancionar las filtraciones”.

Finalmente, el PS Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, explicó que con estas medidas de castigo “se establece una mayor rigurosidad en relación a la obligación de reserva. Nadie puede llamarse a suspicacias cuando se pide pleno cumplimiento de la ley”.

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