Gobierno y Senado ceden y buscarán excluir a los medios de comunicación en norma que sanciona filtraciones

Los fiscales, los periodistas, la sociedad civil… para qué hablar de Facebook y Twitter, e incluso la Corte Suprema. En cuanto trascendió que en la Agenda Corta Antidelincuencia se había incluido una norma que sancionaba a quienes estuviesen involucrados en filtraciones de información presente en una carpeta judicial, la ciudadanía hizo sentir su repudio.

¿Por qué la polémica? Porque la “oportunidad” en la que los legisladores comenzaron a preocuparse de las filtraciones de estas indagatorias no podría haber llegado en peor momento. Si no fuese por los trascendidos y filtraciones en los medios de comunicación, casos como Penta o SQM, que tienen a diversos dirigentes –de todo el espectro político- contra las cuerdas posiblemente no habrían salido a la luz.

Esto no es nuevo, ya que sí existían sanciones para los funcionarios públicos que revelaran este tipo de información, pero la enmienda incluida en el artículo 182 del código procesal penal, que fijaba una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a todo quien revelara datos de las pesquisas, dejaba en una posición compleja a periodistas.

El derecho a la información está en riesgo.

Este martes, a medio día, en la Sala del Senado tendrá lugar una sesión especial para votar la Agenda Corta Antidelincuencia, donde según La Tercera, se reabrirá la discusión respecto de estas sanciones, con penas de cárcel, a quienes revelen información reservada.

Esta indicación surgió entre los planteamientos del Fiscal nacional (subrogante) Andrés Montes y una serie de senadores de la comisión de Constitución. El enfoque apuntaba a evitar riesgos en el éxito de la investigación, así como también se vulneraba el principio de presunción de inocencia de los investigados.

“Lo que se ha visto es cómo poder conciliar la necesidad de mantener el secreto de la investigación respecto de quienes son los intervinientes en ella y aclarar que la norma sólo se refiere a ellos, y que no se refiere en ningún caso a terceros y menos a la prensa. Si es necesario aclara aquella norma, la disposición está en ese sentido”, indicó ayer el Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien junto a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, acordaron mejorar la redacción de la norma. Además, se habría sellado un compromiso transversal, para que todos los senadores entreguen la unanimidad para reabrir la discusión de la indicación, que recordemos ya había sido aprobada en el Senado.

Ahora, la modificación apuntaría a sancionar a funcionarios públicos que hayan sido parte de la investigación. Esto corresponde a fiscales, funcionarios de la PDI y actuarios, y a los “intervinientes” del proceso: imputados, víctimas, abogados querellantes y defensores, y se supone que los periodistas quedarían fuera.

El jefe de los senadores de RN, José García, indicó que “estamos disponibles para dar la unanimidad y aclarar que nunca se pensó que la norma sancione a periodistas”.