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6 de Abril de 2016

Amnistia Internacional asegura que Justicia militar chilena "impide resguardar DD.HH."

Desde el organismo advirtieron de los peligros de que actos de violencia por parte de miembros de FF.AA. queden impunes y lo ejemplificaron así: "Que un carabinero sea juzgado por tribunales militares como que a un delincuente lo juzguen en su casa".

Por Redacción
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Porque “pone en duda la imparcialidad e independencia del juicio” y porque “impide resguardar los derechos humanos”, Amnistia Internacional exigió para Chile “una reforma urgente” al actual sistema de justicia penal militar.

Con un informe titulado con sarcasmo “No sabía que existían dos justicias”  presentado en la sede de AI en Santiago de Chile, AI desclasificó que los tribunales militares de Chile no inician investigaciones ni persiguen penalmente a miembros de las fuerzas de seguridad por casos de violencia.

La directora de AI Chile, Ana Piquer, lo planteó de una forma bastante gráfica: “Que un carabinero sea juzgado por el tribunal militar es equivalente a que un delincuente sea enjuiciado por miembros de su familia”, comparó.

La organización entregó decidores datos: las denuncias por violencia ejercida por FF.EE. de Carabineros han aumentado un 300%, mientras que un 90% de las ellas resultan sobreseídas y solo un 1% de los responsables es condenado.

La demanda de AI es así de simple: que los casos de violencia policial sean traspasados a la justicia ordinaria, y así también los delitos comunes o violaciones a los derechos humanos perpetrados por uniformados.

Amnistía Internacional criticó las nulas o bajas condenas que la justicia militar dio a los imputados por casos como el de Rodrigo Avilés; el de Nelson Quichillao (2015), tiroteado por carabineros en la toma de la mina de cobre Salvador; o el de Manuel Gutiérrez (2011), de 16 años, quien murió tras recibir balazos de Carabineros mientras observaba una protesta de trabajadores.

“Chile estaría agradecido si el ministro del Interior pusiera el mismo celo en condenar a miembros de fuerzas especiales de Carabineros, así como lo hace cuando condenan a los mapuches”, dijo el abogado Félix Avilés, padre de Rodrigo, quien recibió el impacto de un chorro de agua de un “guanaco” de Carabineros sufriendo un traumatismo cráneo-encefálico que lo tuvo al borde de la muerte y por el que aún sufre secuelas.

“Este país es uno de los pocos con este sistema, con una institución enferma y una policía militarizada que defiende el poder que tiene a punta de lanza”, sentenció Félix Avilés.

carabineros

EL RIESGO DE LA VIOLENCIA IMPUNE

El informe califica de “indignante” el “doble sistema de justicia” de Chile pues “permite a los agentes policiales golpear, maltratar y matar a personas, incluso niños y niñas, porque las sanciones son minúsculas”.

Rodrigo Bustos, miembro de AI, lo planteó así, como una obligación: “El Estado no puede mirar a un lado, debe cumplir con las normas internacionales que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Es así de violento: En los últimos cuatro años, la Corte Suprema ha sentenciado varias veces que Carabineros ha violado los DD.HH. de niños, niñas y adultos. “Pero estos hechos han quedado impunes en manos de la justicia militar”, asegura el documento.

La CIDH de hecho ya condenó hace poco más de una década al Estado chileno a reformar esta normativa, a través de un proyecto de Ley que “conceda a los tribunales civiles jurisdicción en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de fuerzas armadas y policías”.

Ana Piquer aseguró a la agencia EFE que este tema estaba en el programa de Bachelet “pero no se ha tocado”. Agregó que hubo la intención, pero que no se ha materializado en el Congreso. Y advirtió: “Esta lucha debe ser fuerte, ya que sabemos a lo que puede llegar la impunidad en temas de violencia. Chile tiene un pasado de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no sólo debemos hacernos cargo del pasado, sino también del presente”.

Actualmente, AI recolecta firmas a favor de esta causa, y serán entregadas al Gobierno previo a la cuenta pública del 21 de mayo.

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