SQM habría redactado parte de Decreto Supremo de Piñera que cambió reglamento de la Minería
Una parte de la ley habría sido redactada por ejecutivos de la minera no metálica, de una forma similar a como ocurrió con el Royalty, pero la diferencia es que ahora los funcionarios del gobierno del ex Presidente –entre otros el entonces el subsecretario Pablo Wagner, formalizado por el caso Penta–sí habrían estado al tanto de que la propuesta provino de una de las partes afectadas por la norma.
En plena investigación por presunto cohecho en contra del entonces senador Pablo Longueira, por haber recibido y sugerido una redacción del Royalty Minero, escrita por ejecutivos de SQM estableciendo beneficios para la firma, surge un nuevo antecedente.
El “modus operandi” se estaría repitiendo, y en este caso, diversos funcionarios del Ministerio y la subsecretaría de Minería, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, sí habrían estado al tanto de que las propuestas provenían de la misma Soquimich.
The Clinic denuncia que el 15 de julio del 2010, Pablo Wagner –entonces subsecretario de Minería, ahora formalizado por el caso Penta- envió un mail a su jefe de gabinete, el ahora diputado UDI Juan Antonio Coloma: “Aceptada: Matías Astaburuaga, SQM”. Astaburuaga es abogado de la minera no metálica, y es una de las personas relacionadas con la propuesta de Longueira en el Royalty.
Cuatro días después de ese mail, diversas copias se socializaron al interior de la subsecretaría y el Ministerio: el entonces fiscal de la entidad, Franco Devillaine, Adriana Pérez, experta en derecho minero de Sernageomín, y Pablo Wagner, para modificar el reglamento del código de minería para incorporar el uso de GPSs para medir hitos y pertenencias mineras. Se le llamó la “propuesta de Soquimich”. Este documento de tres páginas es donde se redacta el Decreto Supremo y que contiene algunas anotaciones escritas a mano. Con algunas modificaciones, finalmente este texto quedó reflejado en lo que posteriormente firmó Sebastián Piñera con quien fuera su ministro de Minería, Laurence Golborne. La forma de operar, tal como es descrita, sería muy similar a la que actualmente investiga el Ministerio Público en la causa por cohecho contra Pablo Longueira.
El asunto sí se había abordado en el primer gobierno de Bachelet. Terminando ese mandato, se envió un oficio el 4 de febrero de 2010, Nº 326, que contenía propuestas que luego fueron tomadas por el gobierno de Piñera.
El documento integró las sugerencias de SQM, y el lunes 19 de julio de 2010, Franco Devillaine envió un mail a Adriana Pérez, le envió el texto con los cambios que requería en ese momento, a juicio de él, el código minero. El Word habría estado listo para su firma, con las sugerencias de SQM y lo que trabajó el Sernageomín.
El 20 de julio de 2010, poco después de las 6 de la tarde, Adriana Pérez (de Sernageomín),envía un mensaje a Alejandro vio (director) y Patricio Leiva (subdirector), apuntando a Franco Devillaine. El correo tiene por asunto “información propuesta SQM”: “Estimado Franco, te formulo mis comentarios a la propuesta de SQM para el DS de modificación del reglamento del Código de Minería”.
Esto era particularmente sensible para SQM, la que ha tenido más de 2 mil 500 litigios con el grupo Errázuriz, por superposiciones (reclamo de ambas empresas de pertenencias mineras en el mismo territorio y la “desaparición” de los pilares que permiten acreditar quién es el dueño). La demarcación vía GPS si bien no permite solucionar pleitos previos, pero evita a futuro estos costos de juicios, o el impacto de la paralización de faenas.
De acuerdo a The Clinic, hay una diferencia crucial con el caso del Royalty: funcionarios del gobierno de Piñera, uno de ellos un ex subsecretario, sí estaban al tanto de que la propuesta pertenecía a una de las partes involucradas.
Diversas autoridades consultadas sobre el tema, indicaron que en el trabajo de se mandaba a empresas un artículo ya elaborado para que éstas hicieran comentarios sobre el mismo texto y no existieran dudas sobre lo planteado. En este sentido, SQM trabajó sobre el modelo del DS.
Desde SQM, precisaron sobre el artículo que envió Astaburuaga que “la propuesta de modificación al reglamento del Código Minero es una recomendación para incorporar las nuevas tecnologías disponibles. Esta modificación es beneficiosa para todos y no tiene ningún beneficio particular para SQM”.
El abogado de Pablo Wagner, Gonzalo Medina, asegura que estos nuevos antecedentes no complican a su representado, esto “porque no existen pagos a Wagner, lo cual está debidamente demostrado en la carpeta de investigación. Esa propuesta de SQM no tiene ninguna implicancia en términos jurídico penales y no se vincula en modo alguno a un ilícito o irregularidad”.