Senado eliminó la obligación de que policías publiquen estadísticas sobre mal uso de control preventivo
En el proyecto original, tanto la PDI como Carabineros debía publicar bimensualmente estadísticas de la cantidad de reclamos formulados por su uso del control preventivo de identidad. Sin embargo, el texto fue despachado sin esa obligación.
Una de las principales críticas al proyecto recién aprobado por el Senado que permite el control preventivo de identidad es el posible uso arbitrario que pueden darle los Carabineros o la PDI. Algunos han dicho que, al quedar a criterio de las policías la facultad de pedir el carnet de identidad a quién sea, esto puede prestarse para prácticas discriminatorias.
Por ejemplo, el diputado Gabriel Boric dijo durante la discusión: “Su control de identidad preventivo no es otra cosa que violencia de clase. La ley al servicio de los ricos”.
Para disminuir las probabilidades de un uso arbitrario de esta nueva herramienta que tendrá la policía o más bien, para transparentar los casos en los que haya discriminación, el proyecto original incluía la obligación para las policías de elaborar un procedimiento estándar de reclamos para las personas que crean haber sido injustamente controlados, como de publicar en su sitio web las estadísticas de estos reclamos.
Proyecto Control Preventivo de Identidad original
“…dichas instituciones deberán publicar bimensualmente en su página web estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, decía el proyecto.
Además el proyecto decía que las policías “deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad”.
Sin embargo, en la ley que salió del Senado, la transparencia vía web fue cortada totalmente del proyecto. Solo mantuvieron la obligación de que las policías remitan esta información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De esta forma la ciudadanía no tendrá acceso a las cifras.
