Golpe directo a Burgos: Nueva Mayoría anuncia rechazo a ley de control de identidad

Uno de los puntos que genera diferencias al interior de la Nueva Mayoría en materia de seguridad es la llamada ley de control preventivo de identidad. O popularmente conocida como detención por sospecha, en honor a la nefasta atribución policial que hacía trizas a la oposición mientras Chile estaba bajo la Dictadura de Pinochet.

La iniciativa se enmarca en la agenda corta antidelincuencia, la cual será votada este martes en la sala de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el comité político de La Moneda los dirigentes oficialistas le dieron un recado al Gobierno: que no aprobarían el proyecto. 

Ello pese a la propuesta que había hecho La Moneda para contar con el respaldo y que incluía una norma transitoria para restringir los alcances del control de identidad y que se enfocara en hacerse solo si los efectivos contaran con la tecnología en línea.

“Lo que el gobierno tiene que tomar nota es que mayoritariamente las bancadas de la Nueva Mayoría no están por respaldar el control preventivo”, dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana. Su par del PR, Ernesto Velasco, indicó: “Somos muchos los que tenemos no solo dudas sino que creemos que ésta es una mala norma que no va a resolver el problema del combate al delito”.

Menos polémica fue la presidenta de la DC, Carolina Goic, quien más allá del contenido del control de identidad planteó: “Confío en que finalmente vamos a llegar a un acuerdo y a un proyecto que va a cumplir con ambos objetivos pero que sobre todo va a ser un aporte concreto para la seguridad ciudadana”.

Ha llegado carta

En ese contexto, un grupo de diputados del PS, PPD y DC llegaron hasta la casa de gobierno para entregar una misiva. En ella se explicaba el rechazo al control preventivo, así como también a las sanciones por filtraciones.

“Mañana no estarán los votos disponibles de los socialistas para estas dos temáticas fundamentales de la agenda antidelincuencia”, dijo tajante el diputado Juan Luis Castro. Mientras, su par socialista Leonardo Soto, indicó que la iniciativa “atenta contra el objetivo de vivir en una sociedad donde todas las personas sean tratadas con igual respeto, prestándose para la discriminación y eventualmente el abuso policial”.

Tras el anuncio que podría significar un balde de agua fría para el Gobierno, el vocero Marcelo Díaz tuvo un tono más conciliador. “Siempre como en cualquier proyecto de ley mientras haya espacio antes de la votación el gobierno está dispuesto a escuchar alternativas y escuchar propuestas”, dijo.