Padre de León Smith denuncia que le hicieron firmar pagaré pese a urgencia de su hijo: “Nos han hecho sufrir más de la cuenta”

Como “antiética” califica la familia del menor León Smith, fallecido hace exactamente una semana mientras esperaba un corazón, una situación que vivieron durante los momentos más difíciles del niño mientras estaba internado en el Hospital Clínico de la UC.

Durante la hospitalización del pequeño, entre el 2 y el 21 de diciembre del 2015, el recinto habría vulnerado la Ley de Urgencia.

El 21 le implantaron el corazón artificial, pero antes de eso, tras varios paros cardiorrespiratorios, el director del hospital habría solicitado a la familia la firma de un pagaré, según publica La Tercera. Esto no está permitido en el contexto de la mencionada ley.

La Isapre se supone que accedió a cubrir extracontractualmente el 40% del costo del corazón artificial, el que asciende cerca de los 230 millones de pesos.

En el reclamo se afirma que “el director del Hospital Clínico le habría exigido a los padres de León la suscripción de un pagaré que cubriera el 60% restante de las prestaciones médicas asociadas al sistema de asistencia ventricular, entre las cuales se incluía la ECMO, como única condición de posibilidad de la importación de dicha solución a Chile”.

En el documento se agrega que “sin otra posibilidad y bajo la presión de la condición médica de león, su padre firmó el pagaré exigido por el prestador de salud el día 14 de diciembre de 2015”, en dependencias del recinto.

“Nos han hecho sufrir más de la cuenta”, se indica en el documento.

El abogado de la familia, Esteban Barra, explicó que “el pagaré sugiere que aquí no se estaba respetando la Ley de urgencia. Con esta ley, no hay que garantizar nada (…) lo que se busca con el reclamo es que la superintendencia se pronuncie acerca de la comisión de alguna infracción por parte de la clínica”.

La norma establece que ante el riesgo de muerte o secuela funcional grave de no mediar atención médica, se deben entregar las prestaciones necesarias sin condiciones de garantía, como pagarés, cheques o documentos bancarios.

La urgencia la certifica el médico que recibe al paciente, deja un registro e informa a la familia. Si se estabiliza el paciente, el médico debe calificar esta situación. Las atenciones no son gratuitas, ya que los seguros, sea Fonasa o Isapre, pagan la cuenta al prestador, pero después lo cobran al afiliado. Si después de 30 días no se ha cancelado, se le otorga automáticamente un gasto legal, el que se cancela con cuotas que no superan el 5% del sueldo del beneficiario.

La familia indica que con la firma del pagaré, asumieron que la Ley de urgencia había quedado sin efecto. Sin embargo, nadie los había notificado de la estabilización del menor. “Solicitamos información en varias ocasiones y no tuvimos respuesta”, indicó Juan Guillermo Smith.

El director del recinto, Ricardo Rabagliati, indicó que “la ley de urgencia se activó al ingresar a nuestra red de salud a través de la clínica San Carlos de Apoquindo y nunca se desactivó, porque el paciente no se estabilizó”.

Luego, agregó que “el pagaré solicitado está en el contexto de un equipo extraordinario (el corazón artificial) que no se encuentra dentro del arsenal terapéutico de ningún hospital en Chile y que requirió ser importado específicamente para el beneficio del paciente”. De todas formas, el facultativo manifestó que “nunca se condicionó la continuidad del cuidado que estaba recibiendo León, y se realizaron oportunamente todas las gestiones tendientes a importar el llamado corazón artificial”.

La Superintendencia de Salud finalmente deberá determinar si hubo infracción. Si existió, se arriesga a una multa que oscila entre los 11 millones 250 mil pesos a 15 millones 750 mil.