Contraloría ordena a unidad de análisis de Hacienda que aclare quiénes no informaron sobre AC Inversions
La intención del abogado que envió el oficio apunta a establecer responsabilidades administrativas -las que estarían radicadas en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)- para así lograr reparar en parte el monto por el que algunas víctimas aseguran haber sido estafadas. Esto podría posiblemente realizarse a través de una demanda al Estado.
El 4 de marzo, en el Octavo Juzgado de Garantía, el Fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Zona Oriente, Carlos Gajardo, formalizaba a los socios de AC Inversions, investigados por los delitos de estafa reiterada, lavado de activos, e infracción a la Ley de Bancos.
En la audiencia, el persecutor se refirió a diversos indicios sospechosos respecto de la firma, encabezada por Patricio Santos, Rodolfo Dubó y Camilo Cruz –todos actualmente en prisión preventiva. Estos indicios se hicieron llegar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al menos en cuatro oportunidades: noviembre y diciembre del 2014, julio del 2015 y a fines del 2015, antes de que estallara el escándalo, cuyos afectados oscilan entre los 5 mil y 8 mil inversionistas, y el monto defraudado (sólo considerando el 2015) ascendería a más de 67 mil millones de pesos.
Los antecedentes apuntaban a los grandes montos que manejaba la firma, que a veces registraban más pérdidas que ganancias, y que “hay gente que nos ha dicho que está asegurando rentabilidad… lo que como sabemos está prohibido”.
Esta agencia está a cargo de detectar el delito de lavado de activos y específicamente en el contexto del financiamiento del terrorismo. Una de las tantas controversias que protagoniza la UAF, encabezada actualmente por el abogado Javier Cruz, apunta precisamente a por qué no comunicó al Ministerio Público en ninguna de las oportunidades en las que se presentaron estos reportes, para que el ente persecutor comenzara a investigar criminalmente el caso.
Pese a este antecedente, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (de quien depende la UAF) defendió tanto a esta agencia como a la Superintendencia de Bancos al indicar que “nuestras superintendencias no son policías que están viendo fuera del marco que les fija la ley”, según La Tercera a principios de mayo del 2016. Específicamente sobre la Unidad de Análisis Financiero, Valdés especificó que está facultada para informar estos delitos a la Fiscalía, pero no está autorizada para investigar o informar la existencia de cualquier otro delito”. Situación que no habría ocurrido.
Los socios de AC Inversions enfrentan cerca de 100 querellas. El abogado Cristián Guzmán cursó a mediados de marzo una solicitud a Contraloría, para que investigue el rol de la UAF en este caso, la que al ser una entidad pública tiene la obligación de informar operaciones sospechosas de delitos, lo que no habría ocurrido.
Precisamente, en el escrito, el abogado apunta a esclarecer quiénes fueron los funcionarios que recibieron estos reportes, y que de paso incumplieron su deber de “denunciar hechos que evidentemente revestían las características de delito”. Asimismo, se pide que se designe a un fiscal sumariante de la Unidad de Sumarios de la Contraloría General de la República para que investigue y establezca las responsabilidades administrativas de este caso.
Con fecha 21 de abril, la Contraloría acogió la mencionada solicitud.
El informe debe ser preparado por la unidad de Asesoría Jurídica de la unidad o el abogado de la entidad, y dio 10 días hábiles administrativos para que se informe a la Contraloría.
La Unidad de Análisis Financiero es una de las agencias del sistema nacional de inteligencia, y para Guzmán esta arista administrativa es la que presenta la mayor cantidad de evidencia comprobable. “Es fundamental que se determine la negligencia del Estado en el control de estos grupos financieros internacionales, como AC Inversions, que son muy pequeños comparados con otros que operan en Chile, aun cuando es poco probable que se llegue a sancionar a los verdaderos responsables”, indica el abogado, a lo que agrega que lo que se busca es derechamente aclarar las “responsabilidades institucionales para lograr parte de las compensaciones por la falta de servicio del Estado y lograr resarcir en parte la pérdida patrimonial de las decenas de clientes que representa mi firma. Creemos en las instituciones, aunque tenemos una fe relativa en las personas que trabajan en ellas por su condición natural de seres humanos flexibles ante las tentaciones del mercado”.
Los 10 días que otorgó la Contraloría terminaron el pasado jueves 5 de mayo.
