Suprema cuestiona a Gendarmería y revisará de nuevo solicitud de libertad condicional de condenados por DD.HH.
El Servicio Médico Legal y la Municipalidad de Colina estarán a cargo de rehacer los informes sicológicos y sociales de los internos, ya que se detectó que el contenido de análisis de la institución penitenciaria se repetía en todos los casos de estudio. Estos presos por casos de lesa humanidad podrían recibir el beneficio y quedar en libertad.
Álex Ambler es un capitán en retiro, que fue condenado a 7 años de cárcel por el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Claudio Salazar es un ex carabinero sentenciado a presidio perpetuo por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (el caso Degollados). Conrado Sesnic fue un funcionario de la Armada, quien está condenado a cinco años de cárcel por el secuestro calificado de Rudy Cárcamo, militante del MIR.
¿Qué tienen en común ellos, aparte de estar cumpliendo condena por casos de violaciones a los Derechos Humanos? Ellos solicitaron la libertad condicional a Gendarmería, y sus casos fueron rechazados.
Esto se da en medio de la polémica que ha enfrentado el Poder Judicial, después de que la semana pasada se informara respecto de la entrega del beneficio penitenciario a cerca de 2 mil internos, lo que provocó críticas del gobierno, y luego recriminaciones cruzadas respecto de quién era responsable: los jueces apuntaron a Gendarmería, y luego estos indicaron que ellos enviaron informes en algunos casos desfavorables, que finalmente derivaron en reos siendo beneficiados pese a sus malas calificaciones.
El punto es que esta polémica ahora se trasladó a una materia más delicada, de acuerdo presenta La Tercera. Las evaluaciones realizadas por Gendarmería recibieron un potente cuestionamiento por parte del máximo tribunal del país en los tres casos mencionados, ya que se plantea que esta revisión de casos fue irregular, lo que provocó que a estos condenados se les rechazara la entrega del beneficio a finales del 2015.
Los informes, según las resoluciones evacuadas el 18 de abril y el 2 de mayo, habrían sido poco prolijas: “Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que la información remitida a la Comisión de Libertad Condicional por parte del Tribunal de Conducta del Centro de cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, en lo tocante a la evaluación sicológica y social del interno (Conrado Sesnic) es insuficiente (…) toda vez que se trata de un informe elaborado por personal dependiente de Gendarmería, cuyas conclusiones se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentran recluidos en dicho centro penitenciario, lo que permite concluir que en su elaboración no se actuó con la prolijidad y profundidad que tal labor requiere”.
Con esto, el máximo tribunal del país determinó dejar sin efecto las mencionadas resoluciones, y ordenó que el Servicio Médico Legal realice análisis sicológicos y sociales en tanto que la municipalidad de Colina deberá efectuar un estudio social de los internos. O sea, le quitaron la potestad a Gendarmería de emitir estos informes de conducta.
Los casos, por lo tanto, serán revisados nuevamente, y podría derivar en que estos condenados por casos de Derechos Humanos reciban la libertad condicional.
Alicia Lira, que es presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que estas resoluciones van contra la legislación internacional. “Para nosotros es grave cuando hay fallos judiciales que abren una puerta para que asesinos salgan en libertad. Esto permite para que todos quienes están en Punta Peuco hagan una fila para apelar y pedir salir. Que se permita dejar a estas personas ad portas de la libertad va contra todos los tratados internacionales y es una cosa muy brutal para los familiares”.
