Agenda de Probidad: más de la mitad de los proyectos presentados sigue pendiente

Fue el 11 de mayo del 2015 cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció el paquete de reformas de la denominada agenda de probidad luego de que semanas anteriores recibiera el informe final del Consejo Asesor Presidencial que lideró Eduardo Engel, tras el estallido de los casos de financiamiento irregular de la política como Penta, SQM, además del caso Caval.

Poco más de un año después, de las 21 propuestas, solo nueve de ellas han sido despachadas por el Congreso: la ley que fortalece el Servicio Electoral (Servel), la que modifica el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), nuevo financiamiento de campañas, la nueva ley de partidos políticos, las reformas constitucionales que dan autonomía al Servel y la que establece la pérdida del escaño, la ley que obliga la educación cívica en los colegios, la ley de probidad en la función pública, la norma que entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y modifica disposiciones para los funcionarios municipales.

Todas ellas fueron destacadas el pasado 21 de mayo en la tercera Cuenta Pública de la Mandataria, en el que agradeció la labor de los parlamentarios.

De los 12 proyectos que aún se encuentran pendientes en el legislativo, seis de ellos recién iniciaron su primer trámite y los otros tres aún no han sido enviados al Congreso.

Según dio a conocer La Tercera hoy, uno de ellos es la reforma constitucional que limita la reelección de los parlamentarios, que establece un máximo de dos periodos para los senadores y tres para los diputados. Si bien en mayo de 2015 el Gobierno puso suma urgencia, fue revisada por la comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado, encabezada por Ignacio Walker (DC), la que elaboró un informe y se discutió en Sala el 3 de junio. Sin embargo, debido a varios reparos, fue enviada a la Comisión de Constitución donde permanece durmiendo desde entonces.

Otro de ellos es el que crea la Dirección General de Concesiones, la que obliga al Ministerio de Obras Públicas a tener una planificación permanente a cinco años en esta materia. El Ejecutivo le puso urgencia en dos ocasiones, pero el 20 de agosto del año pasado fue retirada, quedando paralizada.

El que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios, está en su primer trámite pero con movimiento. Actualemente está siendo revisada por la Comisión de Constitución de la Cámara refundada en un nuevo proyecto donde se incluyó el aumento de las penas para los delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.

La Comisión de Constitución del Senado revisa actualmente el proyecto que crea el cargo de fiscal especial de alta complejidad en el Ministerio Público.

En relación a los negocios y mercados aún se encuentran en tramitación cuatro proyectos: el que crea la Comisión de Valores y Seguros, el proyecto destinado a prevenir y sancionar los conflictos de intereses, la iniciativa que busca impedir la especulación con los cambios en los usos de suelo, y la que establece nuevas exigencias en materia de transparencia para los mercados.

De las que no han sido enviadas aún encontramos: la reforma constitucional que permitirá crear el defensor ciudadano y la Ley Orgánica que regulará esta figura, además del proyecto que fortalece la protección de datos personales, la que estaría próxima a ser enviada al Congreso.