Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Bachelet que criticó la "ley mordaza" y ahora va contra revista Qué Pasa

“La norma es innecesaria y es una amenaza velada al ejercicio de la libertad de expresión, por un lado, pero por otro, al derecho que tenemos todos a formarnos opinión en temas tan sensibles como el financiamiento ilegal de la política. Esto es un intento de los poderosos por tratar de autoprotegerse. Si se aprueba producirá un hecho absolutamente regresivo desde el punto de vista de la libertad de expresión en Chile”.

Esto declaraba a The Clinic, en marzo de este año, el abogado Juan Pablo Hermosilla, respecto de la ley mordaza, que iba a provocar serios problemas a los periodistas (o a sus fuentes) que filtraran información de carpetas judiciales. Las vueltas de la vida ahora lo ubican del otro lado del escritorio, ya que representa a la Presidenta Michelle Bachelet en la querella en contra de la revista Qué Pasa. La mandataria –en calidad de “ciudadana”, como enfatizó– se querellara en contra del mencionado medio, a causa de la publicación de un fragmento de las escuchas telefónicas protagonizadas por Juan Díaz, gestor inmobiliario y ex operador político UDI, que vinculaba a la mandataria con mil millones de pesos, en el marco del caso Caval.

Hermosilla, quien estudió en la Universidad Católica, es un reconocido abogado de la plaza, de alto perfil mediático, que posee redes en la ex Concertación, hoy Nueva Mayoría. Al punto que tuvo participación en la fallida campaña presidencial de Eduardo Frei, como parte del Centro de Pensamiento Océanos Azules, que fue la plataforma del ex mandatario. Su relación con el otrora Presidente, a su vez, no ha sido solo política, ya que representó a la familia en el caso que sustancia el ministro Alejandro Madrid, que investiga la muerte de Eduardo Frei Montalva, donde se indaga su envenenamiento.

Respecto de Bachelet, ha sido uno de los abogados que ha recibido de tanto en tanto las consultas de la mandataria en ámbito legal. El otro es el ex ministro de Justicia, Isidro Solís, quien representa a la familia de la Presidenta en el caso que investiga a los responsables de tortura y muerte del General Alberto Bachelet y que encabezó la ofensiva de la Nueva Mayoría para revertir la decisión del Servicio Electoral de no inscribir las listas de las primarias municipales

En todo caso, la historia de Hermosilla con la Presidenta también es de larga data. Es más: la representó en el 2004, cuando la mandataria oficiaba como ministra de Defensa de Ricardo Lagos, en un juicio indemnizatorio que inició un grupo de personas en el norte, después de que un tanque del Ejército chocara con el bus en el que viajaban. En el 2014 también integró una comisión de expertos que elaboró una propuesta de una nueva ley antiterrorista.

La familia Hermosilla es una de las más conocidas en el mundo de los abogados en nuestro país. Su padre Nurieldín –de acuerdo declaró a La Tercera el año 2015– le recomendó a Bachelet dejar el país después de que salió de Villa Grimaldi. Todo esto para mejorar la defensa de su madre, Ángela Jeria.

Por otra parte, su hermano, Luis Hermosilla, también es abogado y uno de los últimos casos mediáticos donde trabajaron juntos fue el juicio de Jorge Yarur, cabeza del Museo de la Moda, contra su primo, Daniel Yarur, ex Superintendente de Valores y Seguros, por apropiación indebida de 42 millones de dólares. Juicio que al menos en Chile perdieron.

Además, la vida también los ubicó en lados distintos del espectro político, ya que tanto Juan Pablo como Luis han sido abogados asesores de La Moneda. El mayor trabajó con el ministerio del Interior bajo la administración de Sebastián Piñera. “Eso es una casualidad. Hay gente que me ha preguntado… Tenemos posiciones políticas distintas, pero es una cosa anecdótica menor”, declaró el ahora abogado patrocinante de Michelle Bachelet a La Segunda, el 2014.

Sus casos y alianzas

“La capacidad de asombro se va agotando”, declaraba en octubre del 2015 el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien tiene la representación de las víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote Fernando Karadima. El caso, que tuvo su punto más mediático en el 2011, culminó con el ex líder de la parroquia El Bosque recluido en un convento en Providencia, viviendo una vida de oración y penitencia, pero pese a que se acreditaron los abusos por parte de la ministro en visita Jéssica González, estos estaban prescritos. Actualmente sigue en curso la acción civil en contra del Arzobispado de Santiago, por no haber respondido a tiempo a las denuncias en contra del sacerdote.

También en el caso Cascadas, Juan Pablo Hermosilla tuvo un papel representando al ex jefe de SQM, Julio Ponce Lerou en contra de Moneda Asset. El ex yerno de Augusto Pinochet presentó una demanda civil contra la administradora por entregar información falsa al mercado. Luego, se presentó una querella criminal, que fue patrocinada por Hermosilla, quien después se retiró en octubre del 2013, de acuerdo a El Mercurio. Esto, según fuentes en la industria legal, fue porque había “muchos caciques”, mientras que otras versiones apuntaban a que optó por mantener un perfil más independiente para poder influir en las políticas públicas del siguiente gobierno en ese momento: el que actualmente encabeza la Nueva Mayoría.

Hace más tiempo aún, por el 2010, representó al empresario Max Marambio, quien estuviese a cargo de la seguridad de Salvador Allende, en su juicio en Cuba por los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica, malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio y estafa. Esto, en el contexto de la investigación que indagaba el funcionamiento de la empresa Río Zaza, de propiedad de Marambio y del estado cubano. Marambio fue enjuiciado “en ausencia”, pero ganó otro proceso contra Cuba en la Corte Internacional de arbitraje, por la expropiación ilegal de su negocio.

Y tampoco Hermosilla ha estado ausente de los casos de presunto financiamiento irregular de la política. Antes integró el estudio Hermosilla / Donoso / Yaconi, junto a Samuel Donoso, abogado del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y Pedro Yaconi, quien estuvo casado con una sobrina del ex Presidente Eduardo Frei. Donoso y Yaconi separaron aguas del abogado de Bachelet, el que montó su propio estudio, que cuenta con el trabajo del periodista Fernando Paulsen como asesor comunicacional de las causas.

Asimismo, patrocina al actual director de Programación de Canal 13, Jaime de Aguirre, quien a través de su empresa La Música, facturó a cuatro empresas, entre otras a SQM y a Aguas Andinas, por pedido de su entonces empleador, Chilevisión, en la época en la que él era director ejecutivo de esa señal, la que era de propiedad de Sebastián Piñera. Serían cerca de 130 millones, los que se entregaron en forma de bonos por “asesorías y desempeño”.

Ahora será el Segundo Juzgado de Garantía el que conozca respecto de la querella que presentó la mandataria, como “ciudadana”, en contra de la Revista Qué Pasa. Esto, porque el edificio corporativo de este medio se encuentra en Huechuraba, en Ciudad Empresarial. La primera diligencia que se realizará por parte del tribunal es fijar una audiencia de conciliación entre las partes donde se evaluará si hay forma de llegar a un acuerdo. De lo contrario, se continuará con esto.

Y a diferencia de los casos de presunto financiamiento irregular de la política y el caso Caval, y también en declaraciones muy distintas a cuando se refirió a la “ley Mordaza”, en esta ocasión Hermosilla declaró a T13 Radio que “esto no es libertad de prensa, están desinformando de una forma que busca sólo dañar el honor de la Presidenta (…) lo que nos interesa es parar un acto que sólo estaba destinado para producir el desprestigio de la Presidenta intencionadamente. No es efectivo que el motivo de la querella sea publicar la filtración, no discutimos eso, el punto es lo que hacen en revista Qué Pasa en contraste con lo que circula en Internet”.