Ues acusan brecha de 3.700 millones y Mineduc asegura que con reforma “termina educación de mercado”

Hasta anoche, 19 universidades y más de 40 colegios estaban tomados como parte de esta ofensiva, que inició con una sorpresiva manifestación de un grupo de jóvenes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces). Los ánimos del movimiento estudiantil están derechamente caldeados. La semana pasada realizaron una manifestación no autorizada, la que lamentablemente destacó por la violencia que se pudo apreciar en las calles.

Desde el Ministerio de Educación han reportado que los diversos dirigentes se han marginado de las conversaciones que se sostienen con miras al proyecto de ley que establecerá la reforma en la educación superior, uno de los pocos anuncios que la Presidenta Bachelet realizó en su última cuenta pública del 21 de mayo.

Es en este contexto que la ministra del ramo, Adriana Delpiano, aseguró a La Tercera que con esta reforma “se termina la educación de mercado y pasa a ser un bien público, un derecho con condiciones”.

La desconfianza de los estudiantes es enfrentada por la titular del Mineduc al declarar que esta reactivación de la movilización “tiene que ver con mitos de esta reforma (…) es pro empresarios, cosas descalificativas”, pero la secretaria de estado insistió en que los dirigentes “tienen que ver en esta reforma parte importante de sus petitorios”.

La reforma, para Delpiano incluirá algunas de las peticiones de los estudiantes, sin embargo “no (están) todas las que se quieren, pero aquí hay en esencia un cambio sustantivo a la educación de este país. Se termina la educación de mercado y pasa a ser un buen público, un bien social, un derecho con condiciones, porque es un derecho pero no es universal, con condiciones académicas. Eso está en la línea de todo lo que han pedido”.

Las críticas de la ministra apuntan a la actitud de los jóvenes, la que a su juicio es “tan maximalista de que si no es exactamente lo que están pidiendo, está todo mal”. “Tienen todo el derecho a manifestarse en contra de cosas concretas, pero creo que también ha habido mucho mito, y falta de conocimiento de aspectos esenciales de lo que plantea el proyecto. Estoy a la espera de terminarlo, entregárselos, que lo vean, lo analicen, lo discutan y lo mejoren”.

Respecto de la triestamentalidad, que es la participación de estudiantes y trabajadores en el gobierno universitario, la ministra indicó que esto será deseable para las instituciones estatales, pero “no se lo vamos a imponer a las privadas”.

El jueves de la semana pasada, de acuerdo El Mercurio, tuvo lugar la última reunión del Consejo de rectores (CRUCh). Algunas de las cifras que se reportaron responden a que 15 mil jóvenes no tuvieron gratuidad por exceder la duración formal de la carrera. Además, 22 de las 25 universidades del CRUCh recibirán 243 mil millones por los aranceles regulados, que es el mecanismo que estableció el Mineduc en esta ley corta (y que generalmente responde a una brecha entre lo real que cobran las carreras, lo que depende de lo caro o barato que sea un plan de estudios). Además, se entregaría un “aporte adicional” de 34 millones (hasta por un 20% extra de los aranceles regulados para evitar un déficit.

Pero pese a todo eso, en 10 universidades, se reporta una brecha de 3 mil 730 millones de pesos en sus ingresos. La Universidad Católica tiene la brecha más amplia que alcanza los 1.255 millones de pesos. Las otras universidades que presentan esta diferencia son la de Antofagasta, la Federico Santa María, la Católica de Valparaíso, la Católica del Maule, la Santísima de la Concepción, la Católica de Temuco, la UTEM, la UMCE y la de Tarapacá. “Estos montos no cubiertos, que generan una caída en los ingresos institucionales, se irían incrementando”, indicó el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui. Es por este motivo que diversos rectoras piden que se considere la realidad y trayectoria de los planteles en el arancel regulado, para que no se produzcan déficit.