Mineduc propone controlar aranceles de universidades y aportes públicos que reciban

Finalmente no será hoy, jueves 30 de junio, el día en el que se presente el proyecto de ley sobre educación superior. Es una de las iniciativas más esperadas de la actual administración Bachelet, y las expectativas son altas, ya que regulará la prometida gratuidad en la educación superior, la que comenzó llegando a través de una ley corta, después del fracaso de la glosa del presupuesto, la que fue considerada como inconstitucional.

Aún reina la incertidumbre, pero el proyecto ya está en su recta final, de acuerdo a lo que publica La Tercera.

De acuerdo a esta propuesta, será la Subsecretaría del ramo la que administre el financiamiento del sistema: el Crédito con Aval del Estado (CAE), becas, aportes directos a instituciones, que derivan finalmente en la gratuidad. Habrá nuevos requisitos para estos beneficios estudiantiles, y toda esta información está en una presentación que se les hizo llegar a los rectores de las universidades.

El punto donde “ardió troya” fue con la regulación de los aranceles. Ésta sólo rige hoy para los 30 planteles que se sumaron a esta política de gobierno, y también apunta exclusivamente a los jóvenes que se matricularon con esta nueva configuración de beneficios. Esta regulación ahora se ampliaría a todas las instituciones, incluso a las que no están en la gratuidad, pero que reciben fondos públicos. La forma de acotar el tema de la matrícula para estos otros establecimientos sólo debiera afectar a los estudiantes que estén recibiendo ayudas públicas.

Desde temprano hubo problemas con la regulación que se estaba adelantando cuando se inició la discusión sobre la implementación de la gratuidad. Se acusó un posible déficit entre lo que entregaría el estado versus lo que requiere la universidad. Se creó un aporte suplementario para enfrentar esto… pero todavía existen problemas. Esto, con la regulación que se centraría en el estado respecto de la cantidad de matriculados y aranceles preocupa a los rectores de las universidades.

Por ejemplo, el rector Federico Valdés, de la Universidad del Desarrollo, estableció que la mencionada situación “es preocupante porque muchas instituciones, y sobre todo las privadas que entraron a la gratuidad la están pasando bien mal por culpa del arancel regulado que están utilizando este año. Ni imaginar qué ocurrirá cuando ese arancel regulado se extienda”.

Quien encabeza la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, precisó que el arancel regulado equivale en promedio al 75% del valor real de las carreras de su plantel. “Lo que aparece en esta presentación es que el arancel regulado sería para los estudiantes con gratuidad, para los con becas y también para los que no tienen beneficios. Y todo esto significa una alteración muy clara a la autonomía de la universidad, porque se está poniendo un máximo de cobro de arancel y se está impidiendo un cobro mayor”, indicó el rector, pero no dejó de criticar que la situación que se propone puede “afectar la calidad no sólo en el largo plazo, sino también a corto plazo. Si el presupuesto disminuye un 10% o un 30%, eso afecta la investigación, a profesores, etcétera”.

Las condiciones que tenían las universidades que adscribieron a la gratuidad este año (que cubre hasta el quinto decil de los jóvenes más vulnerables de Chile), debían tener cuatro años de acreditación y no tener controladores con fines de lucro en sus directorios. Además, podían aumentar la matrícula de primer año en sólo un 2,7% y se hizo un cálculo de arancel regulado que, en resumen, es el promedio del arancel de referencia de universidades con la misma acreditación.

La presentación de estos antecedentes dejaron molestos a los rectores del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech). El presidente de esta agrupación, Ennio Vivaldi, indicó que están “en alerta”, y plantearon que están evaluando no respaldar al proyecto. “No se ha acogido ninguna de nuestras propuestas, se reafirma un modelo de mercado financiado por el Estado. Esto no se relaciona con si hay más o menos recursos sino como se distribuyen. Este proyecto está hecho para mantener los privilegios de las universidades privadas fuera del CRUCh (Consejo de Rectores de las Universidades de Chile)”.

Se tramitará la próxima semana, que ingresará en el parlamento. Allí se dará cuenta en Sala y se enviará a la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, donde se dará inicio al debate.