Guía para entender la reforma a la Educación Superior: 10 cambios que propone el Mineduc

Este lunes, la Presidenta Michelle Bachelet ingresará al Congreso el proyecto de reforma a la educación superior que pretende modificar el sistema de funcionamiento de las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.

Los cambios abarcan todas las áreas del sistema, aunque desde los movimientos sociales e, incluso, desde oficialismo y oposición, han criticado que no es una reforma profunda ni que solucione los problemas más importantes.

La presidenta de la Fech, Camila Rojas, cuestionó que hay una “ausencia de educación pública” en este proyecto; mientras, desde la UDI la senadora Ena von Baer cuestionó que “no saben cómo cumplir con la gratuidad”.

Para entender de qué se trata esta reforma, lo que incluye y lo que no, dejamos esta guía con los puntos principales, que comenzarán a ser discutidos esta semana en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Las claves del proyecto

1. La acreditación de las instituciones, que hasta ahora era voluntaria -en rangos que podían ir de 2 a 7 años- ahora será obligatoria y se entregará por un plazo uniforme de 8 años. El proyecto establece que habrá 3 niveles de acreditación –A, B y C–, y un estado condicional transitorio, en el que la institución podrá estar sólo una vez. Si la institución no se acredita, se nombrará un Administrador Provisional con la misión de lograr que la casa de estudios se certifique. Si no lo logra en un plazo de 3 años, procederá a su cierre.
2. Esta acreditación será en 5 áreas obligatorias: gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. En la actualidad éstas dos últimas áreas eran optativas para los planteles, con lo que la reforma obligará a realizar investigación para poder funcionar, como ocurre en la mayoría de los países.
3. La acreditación de los planteles estará a cargo del Consejo para la Calidad de la Educación Superior, un nuevo organismo que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Será un servicio público autónomo, de 11 miembros elegidos por Alta Dirección Pública y estarán sujetos a reglas de probidad pública.
4. Nuevo sistema de admisión para la educación superior. El sistema establece un Sistema Común de Acceso a la Educación Superior, a cargo de la subsecretaría de Educación Superior, en lugar del Consejo de Rectores, como ocurre hoy. Es decir, la PSU podría desaparecer o transformarse en otro instrumento. El sistema también considera los IP y CFT.
5. La reforma establece un “trato especial” para las universidades estatales, que recibirán un financiamiento basal exclusivo, cuyo monto no ha sido detallado aún. Se eliminará algunos controles a los que hoy están sometidas y que dificultan su gestión, -el exceso de burocracia-, en condiciones similares a las privadas. Las estatales, además, tendrán un fondo especial para investigación, al que podrán optar todas las universidades con gratuidad.
6. A la vez, se establecerá deberes para las universidades estatales y un modo de gobierno, que considera la participación de la comunidad universitaria y del Estado. De esta manera, el rector será electo únicamente por académicos, su cargo durará 4 años y se limitará la reelección hasta por un solo período consecutivo. Mientras que en el Consejo Directivo, habrá cuatro representantes del Presidente de la República, elegidos por Alta Dirección Pública, además de representantes de los académicos, y del Órgano Superior, que representa a todos los estamentos (incluidos los estudiantes).
7. Si bien la reforma no tipifica el lucro como delito, ésta incluye una sanción al desvío de recursos de las instituciones sin fines de lucro a otros fines distintos a los educacionales. Además, establece que de hacerlo estará obligado a devolver los recursos y pagar una multa del 50% de lo defraudado.
8. Se creará la subsecretaría de Educación Superior, órgano administrativo de colaboración directa del ministro de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas para la educación superior, tanto en el ámbito universitario como en el técnico profesional.
9. El proyecto contempla el fomento a la educación técnico-profesional a través de un Consejo Asesor con integración público-privada, la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que de definan para el sector. Adicionalmente, se crea en el Mineduc una unidad de coordinación de Formación Técnico Profesional.
10. Se creará una Superintendencia de Educación Superior, un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objetivo es la fiscalización y supevigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, la legalidad del uso de los recursos y la supervisión de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.