La incómoda pregunta de Valdés: “¿Queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades?”
Los dichos del ministro de Hacienda despertaron las alertas en la Nueva Mayoría, ya que planteaba que será el propio país deberá definir si Chile contará con los recursos necesarios para financiar el beneficio, el que tendrá un costo de 3 mil 500 millones de dólares.
Desde el “realismo sin renuncia” que no surgían tantas dudas respecto de cuánto va a avanzar o no una reforma del gobierno. En este caso, la más emblemática, la educacional, todavía genera dolores de cabeza respecto de cómo se va a financiar.
Hoy, finalmente se explicará la reforma educacional en una sesión especial en la comisión de Educación, y uno de los antecedentes que más se han socializado ha sido el costo de la gratuidad universal: 3 mil 505 millones de dólares.
Ante esto hay un mecanismo de avance gradual, pero el punto es que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, según La Tercera, encendió las alarmas en muchos legisladores, ya que dejó entrever que será el país el que deberá definir si Chile va a contar con los recursos necesarios para este beneficio.
“La parte de educación superior cuesta un punto y medio del PIB y el PIB nuestro es US$240 mil millones, por lo tanto 1% son 2.400 millones de dólares. Si Chile tuviera esa plata, supongamos que tenemos la suerte de que el precio del cobre vuelve a 3 dólares, la pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad y que el proyecto de ley pone sobre la mesa, es ¿queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades también que compiten con ésta, como salud, educación no terciaria, pensiones?”.
Los dardos fueron lanados y comenzó la discusión.
La diputada y ex dirigente estudiantil, Camila Vallejo, aseguró que la gratuidad universal no está en duda porque fue parte del programa de gobierno y afirmó que “lo central es que el tema económico debe subordinarse a definiciones políticas. No podemos permitir que la definición de lo que es posible o no esté supeditado a criterios financieros”.
El vocero de gobierno Marcelo Díaz, enfatizó en que “nosotros proponemos un camino que nos permite llegar a la gratuidad universal y corresponderá a otros gobiernos (tomas la decisión de cómo avanzar)”. La ministra de educación, Adriana Delpiano, planteó que “muy responsablemente lo que se ha quedado de financiar en este gobierno está financiado y tiene el respaldo. Justamente porque no sabemos cómo viene la economía para adelante se han establecido mecanismos por los cuales se sigue avanzando, pero nosotros estamos llanos a escuchar las mejores soluciones y propuestas que puedan tener los parlamentarios”.
