Villa Grimaldi manifiesta a Dolmestch su "preocupación" por beneficios a violadores de DD.HH.
"Manifestamos nuestra necesidad de exigir verdad y Justicia y que no se siga encubriendo y dilatando aún más los procesos", aseguran.
Esta martes, miembros del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se reunieron con el actual ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, para manifestarle su preocupación por los procesos judiciales de quienes pasaron por el ex Cuartel Terranova. Entre otras causas, en la actualidad la Corporación manifiesta su particular preocupación e interés por la situación procesal del caso de Jorge Fuentes, caso emblemático de la corporación y acreditado como parte del Plan Cóndor.
Higinio Espergue, presidente del directorio comentó que “hemos querido manifestarle al Sr. Dolmestch, el sentir de nuestra corporación con respecto a la situación judicial de quienes fueron detenidos, torturados y hechos desaparecer desde Villa Grimaldi. En ese sentido, manifestamos nuestra necesidad de exigir verdad y Justicia y que no se siga encubriendo y dilatando aún más los procesos. Llegar a la verdad significa reconstruir un país que apunte al respeto por los derechos humanos y ese es nuestro compromiso para las nuevas generaciones como corporación”.
Espergue, añadió respecto de la respuesta de Dolmestch en torno al tema de los beneficios carcelarios, que en este momento está siendo tramitada una ley en el Congreso que estaría saliendo en el mes de octubre en la cual se establecerían claramente las normas que podrían otorgar beneficios carcelarios.
Esta reunión se enmarca en el manifiesto rechazo de las organizaciones de derechos humanos sobre el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos que cumplen condena en el penal de Punta Peuco. A ello se suma, el otorgamiento de libertad bajo fianza en el día de hoy, al ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y a otros 6 ex uniformados, procesados como cómplices de los crímenes en el Caso Caravana de la Muerte en La Serena.
En ese sentido, Alberto Rodríguez, vicepresidente de la corporación, agregó: “es muy difícil hablar sobre un caso en particular. Lo que si tenemos claro es que existen antecedentes contundentes que demuestran que él y los otros procesados, sí tuvieron participación en los hechos mencionados. Nosotros exigimos que la justicia cumpla con su rol, porque no puede haber nadie por sobre la ley. Sin embargo, se siguen otorgando privilegios y eso nos parece grave, pues daña tremendamente al país y a sus instituciones”.
