A un año de la intervención: los cuestionamientos al administrador provisional de la Arcis

El viernes pasado, el administrador provisional de la Universidad Arcis, Patricio Velasco, entregó a la división de Educación Superior del ministerio de Educación el último informe que contiene el estado actual del plantel. Es, a la vez, un balance de su trabajo realizado durante los doce meses desde que fue designado para evitar el cierre de la universidad ante la crisis económica que vivía.

El informe, que se mantiene bajo reserva, incluye su propuesta de reestructuración de la casa de estudios, la reducción de su tamaño, tanto en funcionarios como académicamente, entre otras soluciones con las que pretende darle viabilidad al proyecto del que alguna vez fue propietario el Partido Comunista.

Este domingo, 17 de julio, se cumple un año desde la designación de Velasco; sin embargo, las críticas han llegado desde prácticamente todos los sectores. Estudiantes, académicos y funcionarios acusan desorden, pocas soluciones concretas en todo este periodo, despidos ilegales y que la crisis financiera se mantiene igual que el primer día, sembrando dudas sobre el futuro de la casa de estudios.

Hoy la deuda de la universidad asciende a 6.300 millones de pesos, según el propio administrador provisional. Esto incluye los 12 meses en que no se han pagado sueldos a prácticamente a todos los funcionarios, los 140 juicios por demandas laborales que están pendientes, además de seguir pagando los costos operacionales y las obligaciones con proveedores. Todo esto sin ingresos que permitan revertir el hoyo financiero.

Y la solución pareciera no estar cerca. Este año sólo ingresaron 50 nuevos estudiantes, pese a que la proyección de Velasco era sobre 400 nuevas matrículas. Su esperanza -y principal propuesta- es vender la sede que el plantel tiene en calle Libertad en Santiago, aunque ésta tampoco permitiría quedar en óptimas condiciones.

Según datos que maneja la Federación de Estudiantes de la Arcis, el valor del inmueble tendría una cifra final de ocho mil millones de pesos. Inicialmente iba a ser vendido en mayo, pero tras sucesivos cambios, hoy existe una promesa de compra-venta recién para septiembre. Velasco explicó a El Dínamo que ésta se venderá en dos cuotas: una al contado -por la mitad del terreno- y otra 24 meses después -por la otra mitad-. Esa cifra alcanza a cubrir un poco más de la mitad de la millonaria deuda actual.

Cuando este domingo se cumpla un año de Velasco en su cargo, tendrá un mes para elaborar un nuevo informe final con la propuesta de futuro; una vez entregado, el Mineduc tendrá otros 30 días para definir si prorroga un año más el administrador provisional o decreta su cierre y reubicación de los alumnos.

Si bien en el ministerio aún no hay definición, hay quienes sugieren que se podría prorrogar un año más para continuar buscando soluciones para la Arcis y sus estudiantes.

Las críticas a su gestión

Hoy la Universidad Arcis tiene algo más de 600 estudiantes de pregrado y 200 entre los de posgrado y los que están en proceso de título, aunque el administrador provisional asegura que son “más de mil”. De todos modos, cifras lejanas a los tres mil estudiantes que había previo a la crisis que desató la intervención del Mineduc.

Por esta razón, Patricio Velasco busca reducir el tamaño de la universidad para ajustarlo a la nueva realidad, con proyecciones más reales y pensando en una matrícula “mucho menos ambiciosa” para el 2017. Esto, además, en el escenario en que el plantel ya no está acreditado -renunció a ella al momento de la crisis-, por lo tanto, los estudiantes que tienen Crédito con Aval del Estado o becas estatales no pueden optar a esta casa de estudios.

El compromiso de Patricio Velasco fue entregar el plantel re-acreditado, aunque hasta ahora no hay luces de aquello. Desde la Federación de Estudiantes argumentan que escasamente habrá plata para pagar algunas de las deudas con la venta del inmueble y que iniciar un proceso de acreditación es caro, ya que obliga a invertir en profesores, estructura, investigación y otras áreas que demandan altas cifras de dinero.

“Luchamos por que no se cierre la universidad por dos razones: por un lado, tiene un valor simbólico, como la residencia contra la dictadura; por otro, si ésta es cerrada, la carga de tener un título de una universidad que no existe es muy grande. Le pasa a los estudiantes de la Universidad del Mar -que hoy está cerrada- que difícilmente pueden encontrar trabajo”, dice Sandra Beltrami, presidenta del organismo.

El drama de los académicos

Los bajos resultados en matrícula obligarán a una reducción de funcionarios. Hoy hay alrededor de 150 entre académicos y administrativos, que en su mayoría no han recibido sueldos. Recién este mes, los profesores recibieron los pagos correspondientes a junio, mayo, abril y marzo, pero aún faltan 12 más, entre los del año pasado y los primeros meses de 2016.

Al menos 70 académicos serían despedidos para ajustarse a la nueva realidad de la casa de estudio. El 10 y 13 de junio pasado, el administrador ya determinó despedir a nueve personas que encabezaban un movimiento por mejorar las condiciones de la universidad. Entre ellos estaban el presidente de la Asociación de Académicos, José Jorquera, a la ex rectora Elisa Neumann y el presidente de la Corporación de la Universidad, Iván Reyes, argumentando “intereses superiores de la universidad”.

En las últimas semanas, Patricio Velasco ha hecho varias ofertas para llegar a acuerdo con la salida de algunos académicos. La última incluyó pagar el 50% de la suma de los sueldos adeudados más una parte de la indemnización, en seis cuotas a contar de septiembre. Ese dinero saldría de los CAE de los pocos alumnos antiguos que aún permanecen en la institución.

Pese a que la oferta es baja, los profesores hoy la están evaluando, ya que la otra alternativa es menos auspiciosa: demandar a la universidad. Si bien ganarían, la universidad no tiene con qué pagar las deudas -ya que los inmuebles están a través de leassing bancario-, por lo que han calificado esta propuesta como un “chantaje”.

Tanto la líder de los estudiantes como el de los académicos critican que la gestión de Patricio Velasco no ha sido transparente y que la reestructuración o cambios nunca han sido consultados con ellos. “Cuando llegó a la universidad, apoyamos en todo lo necesario para encontrar soluciones. Pero a un año de eso, no vemos nada concreto, no hay ordenamiento ni soluciones”, dice Jorquera.

Mientras tanto, los profesores siguen haciendo clases por decisión personal para que los alumnos puedan terminar sus ramos y no salir perjudicados.

Mejorar el proyecto

Los cuestionamientos a la figura del administrador son transversales y no sólo en el caso de la Arcis. En general la evaluación es negativa, debido a que estos no cuentan con todas las herramientas para intervenir un plantel en crisis financiera y que finalmente podrían terminar actuando sólo como síndicos de quiebras.

En esa línea, la preocupación de la federación apunta a las restantes universidades que podrían perder la acreditación, de acuerdo a las reglas que impondría la reforma a la educación superior que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Éstas también tendrían que ser intervenidas con un administrador provisional para mejorar sus condiciones y no cerrar.

Por esto, la dirigenta de la federación junto a un equipo de estudiantes presentaron la semana pasada una propuesta de proyecto de ley a los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric, que a su juicio mejoraría la figura del Administrador Provisional.

Entre los cambios que proponen están la obligación del administrador de relacionarse con la comunidad educativa al momento de tomar decisiones; que cuando se decrete el ingreso de esta figura por problemas económicos en la casa de estudio, el Estado entregue recursos para estabilizar la universidad y que estos sean restituidos en forma de becas a los estudiantes, investigación y vinculación con el medio. “No tiene sentido enviar un administrador, si no tiene plata para solucionar los problemas”, dice Beltrami.

Otra propuesta es la “estatización” de las universidades privadas que estén en crisis, bajo dos modelos: a las que se les reconozca un “patrimonio importante” que se traspasen al Estado, previa intervención del administrador. En el caso de las universidades que hayan lucrado y que tengan “un rol importante”, que no pasen al administrador, sino que se estaticen “de forma inmediata”.

“Vemos que no cumple fielmente el rol que se esperaba del administrador por la ausencia de recursos disponibles para un a intervención o la posibilidad de terminar contratos fraudulentos“, dice el diputado Jackson y agrega que están estudiando algunas propuestas para que se introduzcan en el debate a la reforma en educación superior.

La preocupación también ha llegado hasta el Consejo Nacional de Acreditación. Su presidente, Pedro Montt, se ha reunido con Patricio Velasco en varias oportunidades para analizar la “experiencia” del administrador provisional. La idea es buscar soluciones para mejorar esta figura y evitar que otras universidades pasen más de un año en este proceso.