Contraloría cuestiona contrataciones bajo gestión Dávalos: revisarán tratos directos
La revisión del ente administrativo solicitó además que se justificara la labor de funcionarios a honorarios.
El hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, encabezó la Dirección Sociocultural de La Moneda en marzo del 2014. En febrero del 2015 debió dejar el cargo, en la génesis de la hecatombe política que significó el Caso Caval.
Después de todo eso, ya a principios de este año, el 12 de enero, la diputada de la UDI Marisol Turres solicitó a Contraloría que investigara los dineros que había gastado la mencionada repartición de la Presidencia, que encabezó el hijo de la mandataria.
La instancia, según consigna La Tercera, publicó tras 5 meses un “informe investigación oficial”, que fue evacuado el 24 de junio.
Se examinaron el 100% de los gastos, y en el texto de 24 páginas se detallan los “desembolsos por concepto de actividades propias de esa dependencia, honorarios y dos fiestas de navidad que, en total, suman $789.521.524”.
La denuncia de Turres fue desestimada por la fiscalía ya que no existen antecedentes en ese sentido. Pero la Contraloría sí estableció una serie de cuestionamientos sobre el sistema de contrataciones que Presidencia desarrolló durante ese período.
Presidencia “realizó contrataciones mediante trato directo”, en actividades como la fiesta de la navidad y la exposición “escultura en La Moneda”.
Para estos casos, el ente administrativo recomendó a futuro que ojalá se licite, ya que el trato directo es una modalidad “excepcional”.
También se cuestionó el mecanismo de contrato a honorarios, concepto por el cual en esa época se desembolsaron cerca de 170 millones de pesos. “Los contratos a honorarios de las personas que allí trabajaron debieron contener en sus cláusulas las labores específicas que estaban obligadas a cumplir”.
Se precisó que lo anterior responde a que “en una buena administración debe existir certeza sobre la función para la cual fueron contratados”. Además, se especificó que “desde el punto de vista de la fiscalización, se debe comprobar que esa función guarda relación con el desarrollo del programa Apoyo a las actividades de la Presidenta de la República”, cargo por el que se generaron esos contratos.
