Desborde del Mapocho: afectada denuncia a empresas por “comprar su silencio” a cambio de indemnización

Fue el 17 de abril cuando las noticias estaban concentradas en el verdadero desastre que se generó en Providencia, a causa del desborde del río Mapocho, provocado por un cauce que fue desviado por Sacyr Chile y la Costanera Norte, para –según esperaban– mitigar el crecimiento del cauce por las lluvias.

Las postales son por todos conocidas. Las responsabilidades se estuvieron repartiendo durante mucho tiempo, mientras comerciantes y vecinos del sector buscaban formas de recuperar sus cosas, arruinadas por el agua y el barro.

En eso, la periodista María Teresa Nielsen perdió su auto, un Mazda 2 que estaba estacionado en el subterráneo -5 en el sector que resultó afectado por el desborde del río.

Como se puede apreciar fue pérdida total.

Tal y como las empresas involucradas dispusieron, Nielsen llenó el formulario para afectados. El trámite demoró cerca de mes y medio desde el desastre y ella a través de una carta al director en El Mercurio, retrata la forma cómo se “negoció” la cobertura de los daños que no fueron incluidos por su propio seguro: el acuerdo se alzaba por los 250 mil pesos, “por el concepto de prima y deducible”, según detalla la misiva.

No obstante, lo que denuncia en su carta, titulada “David versus Goliat”, es que si hubiera accedido a este acuerdo, habría quedado literalmente amordazada para referirse públicamente al caso y al “particular” acuerdo indemnizatorio. Todo por el módico monto de 25 mil pesos pagados una vez al año por una década.

“Para terminar el conflicto, se me envió una propuesta de contrato que, entre otras, contenía una cláusula excluyente en la que se me prohibía dar entrevistas y hacer declaraciones complementarias a cualquier medio de prensa, sea este escrito, radial, electrónico o televisivo. Así también quedaba prohibido realizar declaraciones en portales de noticias y hacer difusión del tema a través de redes sociales. Como si lo anterior fuera poco, se establecía que tampoco podía realizar declaraciones en contra de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., ni de Sacyr Chile S.A., ni del Ministerio de Obras Públicas, ni del fisco de Chile. No siendo suficiente, las obligaciones de confidencialidad tenían una duración mínima de 10 años. Por último, se establecía que la infracción de la misma daría derecho a Sacyr Chile S.A. a solicitar la devolución de toda suma pagada, más reajustes e intereses”, especifica la periodista sobre el “trato” que la liquidadora de seguro le presentó para resolver su problema.

“No firmé dicho contrato y se me notificó el cierre del caso. Al respecto, me quedan algunas reflexiones: Soy periodista y no firmé por el carácter abusivo del documento, que coarta tanto la libertad de expresión como el ejercicio de mi profesión, la cual tiene un deber cívico y social basado en informar con objetividad y responsabilidad, a lo que no estoy dispuesta ni debo renunciar”, continúa la carta, la que después presenta una serie de consultas.

“El excesivo y desmedido tiempo de silencio, al igual que el abanico de instituciones a no referirse, deja en interrogante hasta qué punto las instituciones pertinentes y fiscalizadoras están al tanto o forman parte de este acuerdo”, se pregunta Nielsen, quien a renglón seguido plantea que “resulta evidente que una negociación de esta naturaleza se selle con un acuerdo que deje a las partes conformes. Lo que aún no se logra entender es que ni Costanera Norte ni a Sacyr Chile le baste con haber dañado a cientos de personas con cifras millonarias, sino que además pretendan ser dueños de mi silencio por más de una década, a un precio de $25.000 anuales”.

La carta concluye con una reflexión: “Finalmente, si el Estado cumple el rol de garantizar el bien común, ¿cómo es posible que esté incluido? No acepto ese ni ningún otro monto, y me quedo con una enorme sensación de desamparo frente a los eternos poderosos, pero con mi verdad y libertad”.

En contacto con El Dínamo, María Teresa Nielsen, enfatiza en que intentaron comprar su silencio durante una década, lo que “va en contra del ejercicio de mi profesión. Como si fuera poco, si en unos años yo tenía que escribir un reportaje sobre una de las cinco entidades que se me prohibía referirme, les iba a tener que pagar, y más encima con intereses y reajustes”.

La periodista se manifiesta extrañada, tomando en consideración que recuerda que las primeras declaraciones de estas firmas era que se iba a hacer justicia.

“Yo les dije que me negaba a acceder a este contrato, por absolutamente todo lo que denuncio en la carta, y de inmediato se me respondió y se dio por cerrado el caso”, recuerda Nielsen, la que tal y como en la misiva, asegura sentir desamparo “porque en el fondo, a quién acudo, porque se supone que debe haber protección. Me extraña que haya instituciones involucradas en este tipo de prácticas. También tengo rabia, por cierto, porque encuentro que es abusivo”.

Nielsen ignora si es que otras personas que viven o trabajan cerca del sector del desastre debieron firmar algún acuerdo similar para ver reparado en parte lo que perdieron.

Sólo por tener como antecedente: la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz cifró en 190 millones de pesos los gastos a partir de esta emergencia, proceso de limpieza en el que también participaron Costanera Norte y Sacyr, firmas que también figuran demandadas por 130 vecinos a causa del desborde del río Mapocho.