CFTs e IPs están furiosos y aseguran que al gobierno le falta voluntad para incluir a sus alumnos en gratuidad
Gobierno insiste en que estos deben pasar a ser sin fines de lucro para acceder al beneficio. El rector de AIEP aseguró que "se insiste en la discriminación a los estudiantes” y otros directivos acusan que el Ejecutivo no escuchó sus reclamos.
Aunque representan a buena parte de la matrícula de los alumnos de la educación superior, gran parte de los CFT e IP no fueron en considerados en la gratuidad para 2016. Pero el gobierno les aseguró que podrían acceder el próximo año bajo una condición: que pasaran a ser entidades sin fines de lucro. Para eso el Ejecutivo le pondrá urgencia al proyecto de ley que facilita este trámite y que se votará este martes en el Senado.
Sin embargo, los CFT e IP no están de acuerdos con la solución. “La principal observación que hicimos fue que esta transformación implica la obligación de donar las inversiones realizadas. No haber acogido cambiar eso demuestra que el gobierno no tiene interés en que nuestras instituciones se sumen a la gratuidad”, dice a La Tercera el rector del IP y CFT Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán.
Fernando Martínez, rector de Aiep, dice que “las condiciones para la transformación no son viables y, lo peor, es que no asegura nada, no asegura el ingreso a gratuidad, porque eso lo definirá la glosa. Se insiste en la discriminación a los estudiantes”.
Solo cinco planteles de los CFT e IP cumplen con la condición de no tener fines de lucro. Uno de ellos es Duoc UC, cuyo rector, Ricardo Paredes, aunque sus alumnos podrían acceder a la gratuidad, también critica la fórmula: “Me parece que sin una ley que permita el arriendo de infraestructura a precios de mercado, avanzar en un proyecto que condiciona el financiamiento estudiantil a que la institución no tenga fines de lucro, hace peligrar la cobertura de la educación técnico profesional”.
Y agregó que hay instituciones “de razonable calidad, con fines de lucro, que educan a una gran cantidad de estudiantes, y que no donarán su infraestructura: requerirán una compensación justa”.