Tribunal Electoral ordena a vecinos a pagar 6,7 millones para investigar irregularidades en padrón
Después de que un grupo de personas de Trehuaco presentara una lista de más de 600 personas sobre las que se sospecha que no tendrían que votar en la comuna, se les obligó a que pagaran para publicar la información en un diario local. Si no hacían esto, el caso podía quedar en nada.
Más de uno en Trehuaco, en la VIII región, al menos levantó la ceja, cuando se dieron cuenta de que existan 5 mil 315 habitantes y se registraban 6 mil 343 personas inscritas para votar en las próximas elecciones municipales.
Estas personas, junto con el senador por el MAS, Alejandro Navarro, indagaron por cuenta propia y de acuerdo a La Tercera, habrían logrado establecer que al menos 611 personas habían registrado domicilios en la comuna de manera aparentemente irregular.
Es en ese sentido en el que acudieron al Tribunal Electoral Regional para estampar una “reclamación” el 24 de agosto. En el escrito plantean esta notable y notoria diferencia en términos que “no existe vínculo objetivo entre la persona y la comuna en los términos del artículo 10 de la ley 18.556. Y, en consecuencia, no es la comuna donde por ley les corresponde ejercer su derecho a sufragio”.
La lista que presentaron incluso fue notariada en Quirihue, y el 25 de agosto, el Tribunal Electoral Regional resolvió que se debía publicar esta nómina de 611 personas en el diario El Sur de Concepción. Pero sumaba un pequeño gran detalle. Esta publicación tendría que ser “a costa de los reclamantes, a más tardar en la edición del día domingo 28 de agosto, bajo apercibimiento de no proseguir la tramitación de esta causa y archivar los antecedentes”.
O sea, los mismos denunciantes debían financiar esta publicación en el diario local. Esto finalmente se hizo, después de que el candidato independiente Fernando Chandía pagara 6 millones 740 mil pesos. El proceso está comenzando recién. A continuación se puede ver un pantallazo de la lista.
Sin embargo, el punto de esto tiene que ver con que el mismo Servicio Electoral ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para poder fiscalizar correctamente las elecciones municipales. Pero que este apoyo ciudadano implique costos como el mencionado parece un poco mucho, como planteó el senador Navarro.
“Tenemos plena confianza en que el material entregado es realidad y que las inscripciones se hicieron de manera maliciosa, vulnerando la ley al incumplir los tres requisitos: residencia, estudios o trabajar. Pero que la denuncia la tengamos que pagar nosotros es insólito (…) nos llama la atención que, además, el tribunal nos direccione a un medio en particular, lo que nos impide cotizar una opción más económica. Esto inviabiliza cualquier denuncia ciudadana. ¿Quién querrá denunciar si hay que pagar cifras como esta?”, manifestó el senador.
Peor aún: el inciso cuarto del artículo 48 de la ley 18.556 indica que “si la reclamación afectare a un considerable número de personas o si el número de reclamos fuere muy elevado, podrá el tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda”.
¿Te darían ganas de denunciar un caso de irregularidad electoral, si tienes que pagar para que el caso no termine en nada?…
