19 disparos al aire de Carola Canelo contra Delpiano, Eyzaguirre, RD, Vallejo y Boric
En la entrevista, la académica critica a los distintos sectores por, a su juicio, haber hecho oídos sordos con lo que ocurre con la educación en el país.
La abogada y académica de la Universidad de Chile, Carola Canelo, se ha convertido en tendencia en las redes sociales en las últimas semanas varias veces por sus ácidas críticas contra la reforma a la educación superior, sobre el Crédito Con Aval del Estado (CAE) y su duro análisis sobre el rol de los ministros de Educación desde 1990 en adelante.
Canelo acusó un delito civil cometido por todos los ministros al no fiscalizar el lucro en entidades educativas, además de revelar conflictos de interés del oficialismo con ciertas universidades.
En entrevista con El Mostrador, la abogada profundiza esas polémicas declaraciones y amplía el espectro de críticas, golpeando a Revolución Democrática y Gabriel Boric.
Éstas son algunas de sus frases más destacadas:
“Todos los ministros de Educación han infringido esta obligación y, de esta forma, varias universidades privadas de aquellas creadas en Chile desde 1981. Es decir, bajo la dictadura cívico-militar y la Nueva Mayoría, han infringido la prohibición legal de lucro con total impunidad”.
“Por esta razón fue destituido el ministro Harald Beyer (…) debiendo fiscalizar y ejecutar o cumplir las normas legales que lo obligan a fiscalizar, investigar y sancionar a una universidad en los casos citados, entre ellos, cuando lucra, no lo hizo, dejando sin ejecución o cumplimiento las leyes”.
“A través de los ministros Eyzaguirre y Delpiano ha seguido infringiendo esta obligación legal de fiscalizar y, con ello, ha permitido que algunas universidades sigan lucrando en grave infracción a la ley. La Nueva Mayoría, y sus derivados, La Izquierda Autónoma y Revolución Democrática (esta última partícipe en su momento en el Ministerio de Educación), no han efectuado acusación constitucional alguna contra los ministros de Bachelet”.
“Cuando Eyzaguirre fue interpelado, la opinión del diputado Gabriel Boric fue que el ministro lo había hecho bien. Es decir, lo apoyó públicamente en desmedro del derecho a la educación de los estudiantes y sus familias”.
“Es falso y un error de proporciones que he oído de la diputada Camila Vallejo, la profesora María Olivia Mönckeberg, la presidenta de la Fech, Camila Rojas (IA), y la periodista de CNN Matilde Burgos, entre otros, que el lucro en las universidades no sea un delito. Para las universidades el lucro es claramente un delito, pero un delito de carácter civil”.
“Es realmente escandaloso que tanto el ministro Eyzaguirre como la ministra Delpiano, ante los hechos ocurridos y que no han sancionado a universidad alguna, no hayan sido debidamente acusados constitucionalmente y sigan en el Gobierno”.
“Es un grave error decir, como lo ha sostenido Fernando Atria, que la universidad pública es aquella que no tiene dueño, como si fuese res nullius o cosa de nadie y cualquiera pudiera apropiarse de ella. La universidad pública es la que pertenece al Estado y, por eso, es legalmente procedente, por ejemplo, que la Universidad de Chile, que es pública, le exija al Estado, su dueño, que la financie hasta la completa gratuidad”.
“El proyecto del Gobierno de Bachelet mantiene, que hace más onerosa la educación, incluso la pública, y ha destinado billones de pesos de recursos públicos a los dueños de los bancos que obtienen las licitaciones del CAE, los que a su vez destinan cuantiosos recursos públicos a los dueños de varias universidades privadas e institutos profesionales y centros de formación técnica de particulares”.
“No hay una cobertura pública adecuada y la educación pública escolar, en general, no es de excelencia. Esto obliga entonces a la mayor parte de los jóvenes a tener que acceder a universidades privadas, varias de las cuales no ofrecen estándares de excelencia académica, que reciben recursos públicos y algunas de las cuales, incluso, lucran”.
“El llamado del diputado Giorgio Jackson, en orden a que los estudiantes no se matriculen en las universidades del conglomerado Laureate, supone no entender los graves problemas del sistema educacional chileno, ni comprender el sufrimiento humano de millones de personas”.
“En el año 2011, presenté una carta a la Fech informando que, conforme a la legislación, las universidades no pueden lucrar, que el ministro de Educación es el encargado de fiscalizar y que existe la obligación de gratuidad. Sin embargo, no recibí respuesta alguna. Luego, cuando Camila Vallejo ingresó a mi sala a pedir el voto a los estudiantes de mi cátedra, yo me permití informarle personalmente de estos temas y ofrecerle ayuda. También la manifesté que, a mi juicio, ella iba a tener que decidir entre defender los intereses de los estudiantes o de su partido. Claramente ella eligió al PC y la vemos hoy intentando defender el comportamiento del Gobierno de Bachelet”.
“Bachelet ha hecho un verdadero golpe a la educación pública. La ley de inclusión y no lucro, no se hizo con ese fin. La inclusión no se logrará, porque se destinaron con prioridad los recursos públicos a los dueños de los colegios particulares subvencionados, cuando en rigor debían destinarse a los colegios públicos”.
“Integrantes de Revolución Democrática participaron en el Ministerio de Educación durante el Gobierno de Bachelet y sabemos que electoralmente Giorgio Jackson fue beneficiado por la Nueva Mayoría para acceder al Congreso Nacional. De manera que RD tiene responsabilidad en el desastroso proyecto de ley de Bachelet en la educación superior. Es inaceptable que ahora pretenda dar una apariencia de rechazo del proyecto, ya que sus propios integrantes participaron en el ministerio”.
“Yo pienso que Revolución Democrática no tiene ningún planteamiento revolucionario y su conducta tampoco tiene esos caracteres. De hecho, el diputado Jackson ni siquiera ha iniciado una acusación constitucional contra la ministra Delpiano por el escándalo de sus propias declaraciones en Laureate, ni por la gratuidad ni por sus expresiones relativas a la Universidad Autónoma. Claramente RD no tiene ningún compromiso social”.
“La Izquierda Autónoma no es ni de izquierda ni menos autónoma. Aparte de que está dividida por rencillas personales y caudillismos. Lo más grave es que no tiene un comportamiento de izquierda, carecen de la sensibilidad social correspondiente y no son autónomos, ya que en su origen han recibido apoyo en su propia configuración o creación de personas de la Nueva Mayoría, especialmente vinculados a la Democracia Cristiana”.
“Quizás por ello tienen en su comportamiento un ADN golpista y mesiánico. Esto me consta personalmente, ya que Gabriel Boric, junto a Sebastián Aylwin –pariente del Presidente Patricio Aylwin–, fue promovido y auspiciado por académicos vinculados a la DC o grupos relacionados. El actual Decano Davor Harasic, recuerdo, le ofreció ayuda para esa toma, hecho que presencié personalmente; el profesor Enrique Barros, también vinculado a la DC, actual presidente del CEP y abogado del destituido ministro Harald Beyer; Fernando Atria, vinculado al Partido Socialista, entre otros académicos. De manera que me consta de manera directa la decisiva participación de la Nueva Mayoría, especialmente de la DC, en la configuración del supuesto liderazgo del ahora diputado Boric”.
“En el año 2009 se sabía en los círculos políticos que existían altas posibilidades de perder el Gobierno y, por lo tanto, se preparó lo que se denominó el desembarco de la Concertación a la Universidad de Chile, ya que se sabía que los concertacionistas perderían sus fuentes de trabajo. Como la DC es cercana a la derecha, varios DC mantuvieron sus puestos de trabajo bajo el Gobierno de Piñera”.
“Se hablaba también de una Asamblea Constituyente. Eso lo hizo no por convicción, lo que ha quedado acreditado, ya que no han cumplido, sino con el único fin de ganar las elecciones y volver a sus cargos millonarios”.
“El CEP, a mi juicio, no es referente real de lo que ocurre en el país. Ello, porque es un centro de estudios profundamente politizado, de derecha básicamente, con el apoyo de la Nueva Mayoría, y responde al deseo de los grandes grupos económicos de influir en la opinión pública. De hecho, si uno analiza con profundidad las encuestas que realiza, son bastante guiadas, en el sentido de que buscan un objetivo claramente político”.