Las dudas y nudos que enfrenta el proyecto de desmunicipalización en el Senado

El último mes y medio, la comisión de Educación del Senado ha recibido al menos a diez organizaciones relacionadas con políticas públicas y educativas con el objetivo de conocer su visión respecto del proyecto de Nueva Educación Pública, más conocido como “desmunicipalización”.

Si bien la tramitación en la Cámara de Diputados sorteó sin problemas ni mayores cambios del diseño del Ministerio de Educación, en el Senado no está corriendo la misma suerte, principalmente después de escuchar las opiniones de académicos e investigadores, quienes mostraron reparos principalmente en lo relacionado a la estructura del nuevo sistema y los niveles de autonomía que tendrán las escuelas bajo el nuevo régimen.

Es por esto que los senadores, sobre todo de la Nueva Mayoría, activaron un plan que permita comenzar a realizar una serie de ajustes al proyecto que evite que éste sea rechazado en su votación en general a comienzos de octubre, luego de escuchar a todos los invitados. La idea es comenzar a definir las modificaciones que podrían incorporarse, sea por parte del Mineduc o por parte de los mismos parlamentarios y así evitar retrasos en la tramitación.

De los cinco senadores que componen la comisión –Fulvio Rossi (PS), Jaime Quintana (PPD), Ignacio Walker (DC), Ena von Baer (UDI) y Andrés Allamand (RN)-, los miembros de Chile Vamos ya han mostrado su rechazo en varias áreas.

A esas críticas se ha sumado el senador falangista, convirtiéndose en una voz decisiva en esta materia luego de advertir “serias dudas” respecto de la estructura de la Dirección de Educación Pública, el órgano que estará encargado de coordinar los nuevos sostenedores públicos. Walker cuestiona que es excesivamente vertical y no apunta a mejorar la calidad de la educación.

Es por esto que a comienzos de la próxima semana, los parlamentarios se reunirán con la ministra de Educación y el secretario ejecutivo de la reforma, Rodrigo Roco, -en el habitual almuerzo entre ambas partes- para evaluar un camino a seguir y evaluar los “ajustes” que han detectado que es necesario hacerle a la normativa.

Mientras tanto, una serie de organizaciones ha estado visitando la comisión analizando las diferentes posturas que existen frente a la desmunicipalización de la educación pública.

Dudas sobre la estructura

El proyecto crea una Dirección de Educación Pública, que dependerá directamente del Mineduc, y de éste los 67 Servicios Locales de Educación (SLE). Estos organismos tendrán a su cargo un promedio de 80 establecimientos, aunque el de mayor tamaño podría llegar a 256, según cálculos iniciales. Esto corresponde casi al doble de los que hoy están a cargo de las Corporaciones Municipales.

Quienes han asistido a la comisión critican que el proyecto crea una estructura paralela a la que ya existe en el ministerio, donde los Seremis o los gobiernos regionales tendrían poca o nula injerencia. Así, grafican algunos, esas autoridades quedarían a cargo de fiscalizar prácticamente sólo la educación privada, ya que la supervisión del sector público estará en manos de una superintendencia.

José Pablo Arellano, investigador del Cieplan, asegura que con esta estructura las escuelas “quedan más lejos” de la toma de decisiones en su administración y que van a pasar “de la burocracia municipal a una nacional”. Además, cuestiona que agrupar la administración de establecimientos en sólo 67 servicios locales es “innecesariamente grande”.

“El Estado central tiene tareas más importantes que ser el administrador de estos colegios. Tiene que fijar marcos de política para el sistema. En esas funciones es insustituible y allí debe concentrarse, no distraerse en la administración de los colegios. Nuestro ministerio no tiene las capacidades para eso”, explica Arellano.

En esa línea, Ernesto Treviño, investigador del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, (CEPPE-UC), dice que la estructura propuesta en el proyecto sugiere en la argumentación que las escuelas deberán trabajar en red, colaborativamente, pero que en la materialización del proyecto se crean unas especies de “supersostenedores” al pasar de los actuales 347 a 67 SLE, que hace difícil que eso ocurra por una cuestión de gestión.

Los más críticos aseguran que el nivel de jerarquía y centralización de este proyecto en un sólo organismo es excesivo y que éste no lo soluciona los principales problemas de la educación pública, porque la comunidad no tiene autonomía para definir lo que es mejor para su realidad.

“Los directores de los SLE no se reporta a la comunidad local -establecimientos, autoridades locales, docentes-, sino que se reporta directamente al director de Educación Pública a nivel nacional. Es claro que el nivel central debe tener participación, pero es crucial que la comunidad local se involucre más”, dice Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC.

Una visión similar tienen en Libertad y Desarrollo. El investigador Jorge Avilés explica que “la misma rigidez del sistema actual (municipal) será traspasada al sistema nuevo (de servicios locales)” y que lo óptimo es que estos organismos estén “lo más separado posible del Mineduc, porque los ministerios son órganos políticos y lo que se necesita es que sean más independientes y lo más técnicos posibles”.

En la vereda opuesta está Educación 2020. En la fundación difieren en que esta estructura centralizada genere conflictos porque “está diseñada para ser autónoma en la toma de decisiones de los SLE” respecto del gobierno de turno y porque los directivos de estos son seleccionados a través del sistema de Alta Dirección Pública. “Creemos que es una fórmula adecuada porque dota de independencia técnica desde su origen”, explica Manuel Sepúlveda.

Según Ernesto Treviño, la idea del proyecto es generar un cuerpo profesional que brinde apoyo a las escuelas y que es positivo que sea una estructura paralela e independiente. Incluso plantea que ésta “debiera considerar como una especie de servicio civil de carrera, con perfiles específicos, muy profesional y no politizado”.

La autonomía de los directivos y los consejos

El proyecto aprobado en la Cámara establece que los directores de los Servicios Locales estarán seis años en sus cargos, con la idea de que no coincidan con los cambios de otras autoridades y evitar el cuoteo político. Estos deberán ser seleccionados vía Alta Dirección Pública. Además, se crean los Consejos Locales, cuya principal función será colaborar con el director del servicio en la planificación estratégica. Estará compuesto por representantes de estudiantes, profesores, apoderados, entre otros funcionarios del aparato estatal.

En Libertad y Desarrollo dudan de la independencia de estos cargos y apuntan a que estos finalmente se convertirán en “una cabeza política designada por el gobierno de turno, dentro de la terna que entregue la ADP, que además podrán ser removidos para poner a alguien más cercano políticamente”.

Educación 2020 cuestiona esa visión y asegura que el proyecto sí dota de una autonomía técnica del resto del Mineduc a todos los directivos, lo que además hay que continuar profundizando. “Es necesario también que se asegure que la segunda línea de los SLE, los directores de departamento, también sean escogidos por ADP”, dice Manuel Sepúlveda.

Varias de las críticas apuntan también a la real eficacia que tendrán los Consejos Locales. José Pablo Arellano, del Cieplan, afirma que “los consejos no pueden ser meramente consultivos -como detalla el proyecto-, sino que tienen que tener las atribuciones para administrar, definir recursos y nombrar o remover al director del SLE”. “Hay que definir una estructura de gobierno que asegure una adecuada gobernanza de ellos”, dice.

¿Cómo se le puede dar más autonomía a los directivos? Según Ernesto Treviño, de la UC, hay dos caminos: darle mayor representatividad a los Consejos Locales, donde cada uno de ellos pueda ser elegido por sus pares, equiparando el balance de poder para que directivos y consejeros puedan participar en la toma de decisiones; y, segundo, permitiendo que los directores puedan decidir lo que es mejor para sus establecimientos, dentro de un marco regulatorio.

“Hoy el proyecto coloca al director ejecutivo como una especie de llanero solitario que se va a hacer cargo de todo y el consejo será meramente consultivo. Lo que debiera hacer el proyecto que es estos apoyen a las escuelas para que cada uno desarrolle sus propios planes de acuerdo a la realidad local”, dice Treviño.

¿Y el financiamiento?

El proyecto de Nueva Educación Pública mantiene el financiamiento por asistencia, aunque agrega recursos extra para la operación de los nuevos SLE, dineros frescos que hoy existen para la administración de las corporaciones municipales, que deben financiarse con la misma subvención que reciben por alumno que asiste a clases.

Este es otro punto que ha estado en cuestionamiento, ya que algunos sectores critican que los SLE definirán arbitrariamente los montos de subvención que le corresponde a cada establecimiento público, “sin reglas claras”. Eso argumentan en Libertad y Desarrollo, quienes critican que el proyecto deja abiertos los criterios para asignar recursos y que estos podrían ser “políticos” y no técnicos.

“Tenemos que fortalecer lo local y proponer soluciones económicas para los colegios que van a quedar con menos recursos después del traspaso al Estado”, dice Jorge Avilés de LyD, debido a que varios municipios colocan recursos extra para complementar la subvención que reciben del Mineduc. “Es un muy mal proyecto en ese sentido porque mantiene los mismos vicios del sistema municipal y es más caro al financiar los SLE”, explica.

Según Educación 2020, el proyecto estipula que existan fondos que de una manera u otra cubrirán el aporte que hacen extra los municipios, incluyendo un fondo para el pago de deudas y estrategias del SLE. “Ese fondo está comprometido para todo el periodo transitorio al nuevo sistema. De aquí a 5 ó 10 años va a haber muchos más recursos directos que los que hoy reciben desde las municipalidades”, dice el investigador.

En tanto, respecto del modelo de financiamiento, el investigador de LyD afirma que es correcto que se mantenga el modelo de financiamiento vía asistencia porque “ha sido bastante positivo y ha permitido a las familias elegir libremente dónde van a estudiar sus hijos”. A esa opinión se suma el Centro de Políticas Públicas de la UC, donde aseguran que este modelo “ha cumplido un rol importante”, aunque se le puedan incorporar algunas modificaciones.

Ignacio Irarrázaval explica que una alternativa es “flexibilizar” el pago por asistencia y que éste no sea mensual, sino trimestral, atendiendo a las solicitudes que por años han hecho los municipios respecto de lo complicado que es la operación con recursos irregulares. “No es culpa de la gestión necesariamente que los alumnos falten, pero la asistencia es crítica para el sistema escolar y para obtener buenos resultados en el Simce, por lo que ese modelo podría suplir los problemas de recursos”, explica.

Para Educación 2020, una de las áreas más oscuras de este proyecto tiene que ver con que no se haya modificado la estructura de subvención. “Hay que avanzar a un modelo más acorde a la realidad, con aportes basales y que un porcentaje sea por asistencia”, dice Manuel Sepúlveda.

En esa línea, la fundación propone un sistema de financiamiento basado en cuatro pilares: financiamiento a los cursos (profesores y otros profesionales), otro a las escuelas (equipos directivos), un porcentaje por asistencia de los alumnos y otro aporte para el sostenedor, que en el proyecto del Gobierno se avanza, pero sólo regulando a los colegios públicos.