Minera Los Pelambres asegura "mantener disposición a colaborar" en conflicto por escombrera
La minera iniciará el retiro de los neumáticos a partir del 7 de noviembre, si se adoptan las medidas logísticas por parte de autoridades nacionales argentinas.
Frente a informaciones que indican que la provincia argentina de San Juan ha decidido dejar sin efecto el Acuerdo Marco suscrito en abril pasado con Minera Los Pelambres con respecto al botadero Cerro Amarillo, la compañía envió una carta al gobernador Sergio Uñac ratificando “su disposición a continuar colaborando en el ámbito de sus posibilidades y competencias con las autoridades argentinas y, en particular, con la provincia de San Juan, en la solución de este problema”.
De todas, la empresa minera recalca a través de un comunicado que ello “no fue causado por su responsabilidad”.
Junto con lamentar la decisión adoptada por la provincia, ya que el “Acuerdo Marco fijaba un curso de prevención ambiental, sin perjuicio de lo que se resolviera por instancias bilaterales o supranacionales o por los tribunales de justicia”, Pelambres informó que “mantiene su disposición y voluntad de llevar a cabo el retiro de los neumáticos que fueran almacenados transitoriamente en el Botadero Cerro Amarillo”.
El proceso de retiro se iniciará a más tardar el 7 de noviembre, fecha que está sujeta a que las autoridades transandinas nacionales implementen medidas logísticas para que el personal designado por Gendarmería Nacional Argentina esté el 1 de noviembre de 2016 en el paso ocasional habilitado.
De esa forma, se podrá permitir el cruce hacia Argentina de los equipos que deben habilitar una vía de acceso al lugar donde están ubicados los neumáticos, la que ya está terminada en el lado chileno.
Cabe recordar que, a través del Acuerdo Marco que la provincia firmó con Minera Los Pelambres en abril de 2016, se buscaba facilitar el aislamiento ambiental del botadero que hoy se encuentra en territorio argentino.
Mediante este aislamiento se quería garantizar que Cerro Amarillo no generará ningún daño ambiental en el futuro y, como señalaba expresamente el texto del acuerdo, esta medida no constituía una interferencia frente a decisiones posteriores que puedan tomar instancias binacionales, supranacionales o los tribunales de justicia.
