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7 de Diciembre de 2016

Fundación Defendamos la Ciudad denuncia demolición ilegal de inmueble patrimonial del centro de Santiago

El avance o detención está en manos del nuevo alcalde Felipe Alessandri, quien años antes, cuando ejercía como concejal, se hizo parte del reclamo que hizo la fundación ante Contraloría.

Por El Dínamo
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Ubicado en la esquina de Rosas con Morandé, en pleno centro de Santiago, se encuentra el histórico edificio que albergó a la extinta Sociedad de Protección Mutua de los Empleados Públicos de Chile. La construcción data de 1924 y pese a que ostenta la categoría de “Conservación Histórica” su continuidad está en riesgo.

La Fundación Defendamos la Ciudad denunció la demolición ilegal de dicho patrimonio, el cual sería reemplazado por la construcción de dos torres habitacionales -una ya construida-. Se trata de un proyecto en carpeta del empresario Max Marambio, según señala el organismo.

La pelea se viene dando hace años. De hecho, la fundación ingresó a Controlaría dos presentaciones para detener la demolición, las cuales, señala el organismo, están firmadas por el nuevo alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien en ese entonces ejercía como concejal de la comuna. La fundación le pide que considerando su nuevo e incluyente cargo, haga algo por la iniciativa que respaldó anteriormente.

El reclamo está orientado, asegura Defendamos la Ciudad, a que el permiso de demolición del edificio caducó en 2011, en razón a que no se iniciaron las obras en el plazo de los tres años que se establecía.

En enero de 2008, la dirección de Obras Municipales de Santiago otorgó un permiso de edificación a las empresas Nazareno S.A. y a Comercial Cañaveral S.A. para construir sobre tres predios colindantes en calle Rosas, entre Santo Domingo y Morandé. Ambas sociedades -antes de constituir la inmobiliaria- pretendían elevar dos torres de 34 pisos de departamentos. La construcción de la segunda torre es la que está en entredicho.

Al respecto, el presidente de la Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, explica que “el nuevo alcalde debe instruir a su subordinado director de Obras para que inmediatamente paralice la demolición. El actual alcalde le señaló a la Contraloría que el permiso original está caducado, ergo la demolición no se puede producir. Él se hace parte de la carta”.

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