Peritaje del Servicio Médico Legal que daría libertad a dos presos de Punta Peuco por demencia
El ministro Mario Carroza, encargado de investigar los delitos cometidos en dictadura, está atento a este informe, que de confirmar la dolencia mental, eximiría de responsabilidad de cárcel a los internos.
Van meses de disputas de los organismos de Derechos Humanos con las autoridades que deben evaluar las condiciones de los internos condenados por delitos de lesa humanidad.
El discurso que se ha ido de a poco institucionalizando apunta a que los presos gravemente enfermos –no exclusivamente quienes estén cumpliendo condena, por ejemplo, en Punta Peuco– deberían terminar sus días en sus casas.
Después de que la semana pasada se diera la criticada “misa del perdón” en el mencionado recinto, hoy se suma un nuevo antecedente,
Según publica La Tercera, José Fritz Esparza (84) y Risiere del Prado Altez España (88) están en Punta Peuco, están vinculados a procesos como Villa Grimaldi y Operación Colombo y podrían tener alzhéimer.
El ministro en visita Mario Carroza, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1990, está a la espera de un peritaje del Servicio Médico Legal, que si determina que estos presos efectivamente están dementes, podrían quedar libres.
La solicitud de este peritaje se dio después de la visita del mencionado ministro al recinto penal. De los 116 presos, 60 estaban en buenas condiciones, 48 regular y 8 en malas condiciones.
“Respecto de éstos (dos presos en cuestión) hay una normativa que se puede aplicar y les solicité un informe al SML para que me dijeran si estaban dentro de lo que uno considera loco o demente en la judicatura. Una vez que tenga esos informes tengo que resolver cuál será el destino de estas personas, si se mantienen ahí o se le aplica lo que señala la ley”, manifestó el ministro, refiriéndose al artículo 10 del código penal. Esto es que “el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquiera causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón”, podría quedar exento de responsabilidad penal.
Fuentes del proceso afirmaron que cuando los reclusos en cuestión eran incoherentes al hablar, no podían contestar simples preguntas y no sabían sus nombres.
En todo caso, el ministro Carroza planteó que “si se define que son peligrosos deberían ir a una casa siquiátrica, y si no lo son, serían entregados a sus familiares”.
