Abogado de la familia Luchsinger evalúa pedir que el gobierno deje el caso

Como una “incongruencia” calificó el abogado de la familia Luchsinger-MacKay, Carlos Tenorio, la actuación de este jueves del jurista de la Intendencia de la región de la Araucanía, Miguel Hernández, a causa de cómo alegó ante el recurso de amparo, que la corte resolvió a favor de la machi Francisca Linconao.

“Luego de la intervención del abogado de la intendencia en la corte de Temuco, lo cierto es que la familia Luchsinger ha quedado sustancialmente molesta. Toda vez que el alegato del querellante Intendencia contuvo una serie de afirmaciones que más parecieron propias de la defensa (de la mujer). En este sentido, no se puede olvidar que la intendencia es querellante y ha presentado acusación en contra de los 11 coimputados, incluida la señora Linconao”, manifestó Tenorio a El Mercurio, después de que la mujer finalmente quedara con arresto domiciliario tras 14 días de huelga de hambre, motivada por la restituida prisión preventiva en su contra por el caso del incendio terrorista con resultado de muerte que provocó el fallecimiento del matrimonio Luchsinger-MacKay.

“La huelga de hambre es una medida de presión indebida cuando guarda relación con resoluciones judiciales, dictadas por los tribunales de justicia”, precisa el abogado, el que luego afirmó que se encuentra “en estudio la posibilidad de requerirle que dejen de formar parte de la causa si continúan actuando dubitativamente o siendo tan perceptibles a las evidentes presiones políticas de los últimos días”.

A juicio de Tenorio, la prisión preventiva se justifica con una serie de requisitos que estima objetivos, como “que existan antecedentes de la existencia del delito. Nadie ha puesto en duda que existió un delito de la máxima gravedad que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay”.

Luego, “es que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que la persona ha tenido participación en el delito. Esos antecedentes aquí existen y son pruebas que se han ventilado en las audiencias”.

Tenorio enfatiza en que con una investigación de estas características, cualquier persona en la situación de la machi estaría también en prisión preventiva, y agregó que “cuando escucho a parlamentarios decir que no hay pruebas, eso obedece a una ignorancia supina”.