Estado gastó $3,8 billones de pesos entre 2011-2015 en pensiones de las FF.AA.
Son en promedio 2 millones 300 mil pesos para uno de estos oficiales, versus los cerca de 190 mil pesos promedio que alcanza una pensión de un ciudadano que cotiza en las AFP. De las jubilaciones a las Fuerzas Armadas, más de mil 200 millones llegan a funcionarios investigados por distintos ilícitos.
El 2016 fue año de discusión de las pensiones de los chilenos, después de que se revelaran algunos casos de jubilazos de Gendarmería. Posteriormente comenzaron a verse los montos que recibían los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están sujetos a un régimen previsional antiguo, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
CIPER accedió al monto que el Estado ha debido desembolsar entre el 2011 y el 2015 y la cifra se alza por los 3 billones 800 mil millones de pesos ($3.800.000.000.000).
Sólo el 2015, según el vicepresidente ejecutivo de Capredena, Cristián Rojas, repartieron 911 mil millones en pensiones. De este monto, sólo un 6% fue aportado por los uniformados. El resto, ese 94%, viene de parte del estado.
Una de las cifras que destaca es una de las jubilaciones más altas: 5 millones 900 mil pesos que correspondía inicialmente el ex general de brigada de la FACH, Patricio Franjola Buigley. “Correspondía” porque al reajuste del IPC lo que recibe ahora, tras haberse acogido a retiro el 2012, se alza por los 6,8 millones de pesos.
Es un 0,9% del Producto Interno Bruto nacional –según la Comisión Bravo- el que se destina a pagar estas pensiones, y de todo esto, también se destinan dineros para cubrir las pensiones para los ex uniformados condenados o procesados por delitos que incluyen desde fraudes a violaciones a los derechos humanos.
CIPER además detectó a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en este contexto. Incluso, algunos de estos han sido recontratados tras su retiro como Personal a Contrata o Profesores Civiles.
