Por qué la UDI no votó a favor del proyecto que sanciona el maltrato familiar o hacia adultos mayores

Este martes, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de comisión mixta de un proyecto de ley que modifica el Código Penal “sobre condenas y violencia intrafamiliar, destinado a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables a delitos contra menores y otras personas vulnerables”.

La iniciativa fue aprobada por 73 votos a favor, cero en contra y once abstenciones. Éste último hecho llamó ya que todos fueron votos de la UDI, prefiriendo abstenerse que darle el visto bueno a un proyecto que fue diseñado prácticamente por todas las bancadas a lo largo de su tramitación.

La nueva normativa elimina el “requisito” de que el maltrato -de quien fuese- sea “habitual”, ya que muchas de las agresiones, tanto físicas como sicológicas, no dejan lesiones y, por lo tanto, hasta hoy no se podía sancionar penalmente. De esta forma, se agrava la sanción cuando la persona que comete el maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección; es decir, quien tiene a cargo a un adulto mayor, a un menor o una persona con discapacidad. Además, se agrava todo tipo de castigo o violencia intrafamiliar.

Pese a ello, en la bancada de la UDI no quedaron conformes con el proyecto y definieron abstenerse. Según el diputado Arturo Squella, los proyectos originales -que fueron fusionados- apuntaban crear la figura del deber especial de cuidado y que cuando existiera algún tipo de lesión de aquellas que están consideradas en el Código Penal, debía activarse el sistema penal.

“Lamentablemente, la tramitación legislativa de los tipos penales propiamente tal, que se podría decir es el corazón de este proyecto de ley, se le sacó como parte de la conducta del tipo el deber especial de cuidado y se consideró únicamente como una suerte de circunstancia agravante“, explicó durante su intervención.

En esa línea, Squella relató qué es lo que no los dejó conformes. “No se logra mejorar en forma significativa la desproporción que existe entre tipos penales que supuestamente están en un orden degradante o, más bien, escalonado. (…) El no incluir el deber de cuidado especial dentro de la conducta penada es razón suficiente par abstenerse en este informe de la comisión mixta y el haber subido a 18 años considero que nos escapamos ya de situación de especial vulnerabilidad”, dijo.

“Yo puedo entender que cuando hay una agresión que no deja lesión alguna, si es que se trata de un infante o una persona adulto mayor, aunque no deje una lesión eso tiene que ser reprochable penalmente. Pero cuando se trata de un niño de 17 años que discute y pelea con otro de 18 años, que se active el sistema penal, aunque no quede moretón alguno por decirlo en términos coloquiales, considero que es una exageración y que no corresponde activar el sistema penal”, explicó en Sala.

Squella también cuestionó la calificación de cónyuge o conviviente como “vulnerable” y que debiera trabajarse en profundizar en el marco de la violencia intrafamiliar, pero en otro tipo de proyecto. “Una persona solo por el hecho de ser cónyuge o ex cónyuge no es más vulnerable. Y aquí cuando se habla de la mujer, hay que recordar que lo que está saliendo de este informe habla de cónyuges en términos generales y no hace la distinción”, finalizó en su intervención.

Gran parte de la bancada presente en la Sala se sumó a la fundamentación de Squella y decidió abstenerse, a excepción del diputado Jaime Bellolio.

A favor

Quienes votaron a favor el proyecto lo ven de una manera distinta. El diputado René Saffirio (ex DC) respondió a Squella asegurando que “a estas alturas no debe ser tema de preocupación que se quiebre lo que se denomina la proporcionalidad de las penas. Eso más bien da cuenta de un Código Penal obsoleto y no un error nuestro”.

“Ha habido intentos sostenidos para presentar un nuevo proyecto de Código Penal, que establece sanciones, acorde a los requerimientos del siglo XXI. Yo espero que esta solución de la lógica de la proporcionalidad de las penas, venga de la mano con la Reforma Procesal Penal que ya está en marcha”, agregó.

El diputado Matías Walker (DC) dijo que “no es que se esté legitimando lo que algunos denominaron el derecho de corrección, con el que algunos legitimaron el derecho de maltratar o golpear a los niños. Eso sigue siendo un hecho ilegítimo. Lo que pasa es que para los efectos de escribir el tipo penal, se determinó que tenía que tener una condición de relevante, tanto el maltrato físico como sicológico.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC) celebró la aprobación de este proyecto asegurando que “permite iniciar una acción penal público por parte de terceros, que son testigos de agresión a adultos mayores. Hoy cuando un adulto mayor es agredido, solamente esa persona puede denunciarlo”.

Vallejo afirma que en este proyecto “se agrega algo que pasa con la violencia hacia los niños: que un tercero pueda denunciar en caso de que el adulto mayor no esté en condiciones de hacerlo. (…) Ahora cualquier agresión física o sicológica sea considerada un tipo penal y es considerado como delito en una causa que no se puede desechar”.

En tanto, la diputada Marcela Sabat (RN) dijo que “es una medida certera para atacar este tipo de conductas, que no queden en la impunidad. Se les priva de seguir trabajando en este tipo de personas (mayores de edad). Se ampliaron los sujetos pasivos de esta ley y se incluye a la mujer”.

“El punto que criticamos es que se con esta normativa se asimila a la mujer con categorías vulnerables, algo impropio a mi parecer. (…) El proyecto no es perfecto pero va en auxilio de las personas más vulnerables”, destacó.