Fiscalía inicia investigación de oficio para indagar eventuales delitos en contratos con “Cartel del fuego”
Por su parte, el director de Conaf, Aarón Cavieres, llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica para entregar todos los antecedentes relacionados con las licitaciones y contrataciones realizadas desde 2010.
La Fiscalía Nacional ordenó abrir una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en los contratos de instituciones públicas con tres empresas de combate y extinción de incendios, que son investigadas en España por soborno, tráfico de influencias y cohecho de funcionario público extranjero, además de colusión.
Tras los antecedentes divulgados por el noticiario central del canal Mega, sumados a diversos informaciones difundidas por medios de comunicación europeos, Jorge Abbott designó a la Fiscal Metropolitana Centro Norte (S), Ximena Chong, a cargo de la investigación.
La resolución en que se designa a Chong hace “especial hincapié en que el delito de cohecho de funcionario público extranjero está recogido en la legislación nacional y es de especial preocupación de la Convención OCDE suscrita por Chile que combate el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) han contratado los servicios de las empresas investigadas en España, para realizar tares de combate y extinción de incendios.
De acuerdo a la indagatoria que se lleva adelante en ese país, las tres firmas habrían operado en Italia, Portugal y España a través de sobornos, tráfico de influencia y cohecho internacional, con el fin ganar licitaciones en forma fraudulenta.
Por su parte, el director de Conaf, Aarón Cavieres, llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica para entregar todos los antecedentes relacionados con las licitaciones y contrataciones realizadas desde 2010.
“No me preocupa que las contrataciones se pongan en duda, porque han sido hechas con los mejores criterios técnicos en un marco donde están validadas por el mercado público que acredita que las empresas están en condiciones de operar en Chile y cumplen con la legislación chilena”, aseguró Cavieres.
