Corte suspende a juez que habría acosado sexualmente a seis funcionarias
Gustavo Campaña, magistrado titular del Tribunal Oral de Melipilla, aseguró que en las acusaciones de las trabajadoras del Juzgado de Garantía de Curacaví existen “contradicciones importantes”.
Entre diciembre del 2009 hasta enero del 2013, según una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez del Tribunal Oral de Melipilla, Gustavo Campaña González, habría incurrido en diversas conductas que fueron calificadas como acoso sexual, las que fueron acusadas por un grupo de funcionarias del Juzgado de Garantía de Curacaví.
Según publica El Mercurio, estas conductas habrían tenido lugar tanto en el citado juzgado de garantía, como en un restaurante de Bellavista, en el contexto de una convivencia entre magistrados y funcionarios.
“Está acreditado que el juez iniciaba las acciones de hostigamiento utilizando el contacto físico propio del saludo aparentemente normal; sin embargo, luego de un salud afectivo se descubría la verdadera intención de su comportamiento, pasando de un acto consentido a otro no consentido por las funcionarias subordinadas, consistentes en abrazarlas y acariciarlas súbitamente de manera inapropiada. Esto es, rozándole sus senos, poniendo una mano en las nalgas, o piernas, o corriendo súbitamente el rostro, con el fin de intentar dar un beso lo más cercano a la boca de la ofendida”, afirma la resolución emitida por el pleno del tribunal de alzada capitalino, aprobada por la mayoría de los ministros.
Inicialmente el caso no contó con medida disciplinaria alguna tras ser conocido por la Corte de San Miguel, y la Corte Suprema determinó que fuera la Corte de Apelaciones de Santiago que viera estos antecedentes.
A juicio de la Corte, la gravedad de los actos contra funcionarias judiciales radica en que los comportamientos descritos “fueron cometidos en general, en el ejercicio del cargo de juez, aprovechándose este de la superioridad jerárquica”.
Campaña negó las acusaciones, y afirmó que “hay contradicciones importantes, basándose la imputación solo en las declaraciones de las funcionarias denunciantes”.