Más de 30 efectivos de Carabineros fueron expulsados en 2016 por consumo de drogas
Según la normativa de la institución, cualquier resultado positivo en un test de drogas implica el retiro inmediato, "sin que pueda justificarse médicamente su consumo".
Durante 2016 se realizaron 44.713 exámenes para determinar eventual consumo de drogas por parte de efectivos de Carabineros, dando como resultado 31 estudios positivos que significaron el retiro inmediato de estos de sus funciones.
De acuerdo a información de Transparencia de la institución, la mayoría de estos fueron desvinculados al obtener un resultado positivo en el examen -22 efectivos- y casi una decena por otros delitos y faltas relacionados a la Ley Nº 20.000, que regula el tráfico y consumo de estupefacientes.
De acuerdo al listado al que tuvo acceso El Dínamo, once funcionarios correspondían a la zona “Santiago Este”, cinco correspondían a la región de Coquimbo y cinco otros de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros.
El reglamento interno de la institución es claro en señalar que “se considera droga cualquier sustancia que, una vez introducida en el organismo tiene la capacidad de provocar cambios en el funcionamiento físico y sicológico de quien la consume” y destaca que el examen es “de carácter reservado, selectivo, imprevisto y obligatorio”.
El reglamento
Según la normativa de Carabineros, cualquier resultado positivo implica el retiro inmediato, “sin que pueda justificarse médicamente su consumo”. También se considera un resultado positivo aquellos que se negaran a realizarse el examen o la contramuestra del análisis, a eludir de éste “fugándose, ocultándose o empleando cualquier otro subterfugio” o realizar el cambio de la muestra por agua, otros fluidos o similares.
El reglamento también explica que “la función policial es incompatible con el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas, siendo inadmisible que sus integrantes, responsables de combatir dicho fenómeno delictivo, practiquen esas mismas conductas (…), que, además de deteriorar su capacidad física y mental, los hacen vulnerables y corruptibles ante las organizaciones criminales y deterioran la imagen institucional”.
En esa línea, todo mando superior de la institución tiene la obligación de controlar esta conducta para prevenir y erradicar el consumo, tarea radicada en la Dirección de Salud y Sanidad, a través del Departamento de Control y Prevención del Consumo de Drogas. Además, éste es el encargado del diseño de políticas y programas para la prevención.
