Éste es el nuevo trámite que deberán realizar los usuarios que compren celulares fuera de Chile

Estos son los nuevos sellos que se encontrarán presentes en todos los teléfonos celulares de nuestro país desde hoy en adelante, que obligara a las compañías y tiendas a informar si los equipos que están ofreciendo son compatibles con otros proveedores para facilitar el proceso de portabilidad entre empresas.

Lo anterior es gracias a la nueva ley de Homologación Multibanda -o de etiquetado de celulares- que permitirá tener más información al momento de adquirir un equipo y que tendrá dos sellos (en la foto): uno indica que el teléfono funciona con cualquier compañía y soporta todas las redes, mientras que el otro marcará con que redes el celular no es compatible.

La responsabilidad de informar será de quien distribuya los productos. Pero ¿qué pasará con quienes traen sus equipos desde el extranjero para uso personal?

Según La Tercera, un teléfono que carezca de esta “acreditación de homologación” no pueden ser comercializados en el país, ni tampoco los teléfonos comprados en el extranjero de forma personal contarán con esa certificación.

La nueva ley exige que el registro y proceso de certificación necesarios para que el teléfono opere en el país se realice de manera personal por el cliente en una empresa avalada por Subtel.

“Este proceso de registro no solo velará por la funcionalidad del teléfono en las bandas, sino que también requerirá otro datos como la inscripción del IMEI, el sistema operativo con el que viene y la versión de este mismo”, explican.

Hoy existen solo 6 empresas certificadoras, todas ellas ubicadas en Santiago aunque en la mayoría de los casos, la inscripción puede realizarse de manera remota. Acá puedes revisar la lista de empresas autorizadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El costo de este proceso es lo más controversial, ya que la ley estipula que cada empresa certificadora sólo estará obligada a realizar este trámite de manera gratuita para los consumidores en un límite máximo anual de un 2% del total de sus ingresos a la base de datos.