Auditoría de Contraloría advierte posibles contrataciones irregulares en Codelco por $31 mil millones

El período entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2015 fue auditado por la Contraloría General de la República, para revisar la situación de Codelco en ese momento.

El objetivo de esto fue revisar si los contratos de bienes y prestación que suscribió la cuprífera cumplían con la legalidad, disposiciones internas de la firma y reglamentos vigentes.

En este informe de poco más de 140 páginas se reveló que la firma llegó a la mayoría de sus adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones privadas (45,4%) y asignación directa (19,35%).

Del total de contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,47% se estableció por asignación directa o trato directo.

Según revela La Tercera, esta auditoría afirma que Codelco no se apegó a la ley en la contratación de servicios con diferentes firmas. Una sería Hatch Ingeniero y Consultores Limitada, que involucra más de 31 mil millones.

El jueves la fiscalía recibió la información, y la repartición de la Zona Metropolitana Oriente, a cargo del persecutor Manuel Guerra, abrió una causa penal que investigará posibles delitos de negociación incompatible o fraude al estado.

El texto de la Contraloría afirma que “la corporación realizó una contratación con la firma Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, por un monto de $31 mil 751 millones 146 mil 264 pesos, empresa proveedora cuyo representante legal tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin informar de dicha operación a este organismo de control ni a la Cámara de Diputados, según lo dispone el inciso sexto del Artículo 4º de la referida Ley Nº 19.886”. Esto alude a dos contratos que firmó la vicepresidencia de Proyectos de Codelco con esa empresa, que corresponden al “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”, que busca transformar al yacimiento en una operación subterránea.

El informe establece que “al momento de la celebración de los contratos “existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa, toda vez que el primero era yerno de este último”.

En ese contexto, antes de las citadas contrataciones, Codelco celebró el e4 de marzo de 2010 con la misma firma, un contrato para el estudio de factibilidad del “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”, En ese momento, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Proyectos en la estatal era, precisamente, Fernando Vivanco, quien presentó su renuncia a la cuprífera a contar del 1 de octubre de 2010, y es el actual representante legal de Hatch.

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, indicó que “es una vieja discusión que existe entre Codelco y la Contraloría, que tiene que ver con qué ley aplica para este tipo de contratos (…) Codelco sí siguió los procedimientos que corresponden a la ley que lo rige, que es la Ley de Sociedades Anónimas”.

Codelco además, en sus descargos, manifestó que “el señor Casas Cánepa es un ex trabajador de la Vicepresidencia de Proyectos, el cual se desempeñó en Codelco desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011, y entre el 15 de noviembre de 2011 y el 1 de julio de 2016”. La firma enfatiza que no tuvo relación alguna con los contratos contraídos con Hatch. Sostienen que al tratarse de una empresa estatal, Codelco “se somete a un régimen especial que no tiene legitimación constitucional directa”, por lo que según afirman, no estarían yendo en contra la ley.