Bachelet cumplió un 58% de las promesas de la Cuenta Pública 2016

A pocos días de una nueva cuenta pública presidencial, la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó la sexta versión del estudio Del Dicho al Hecho (Cuenta Pública), una iniciativa que busca promover la rendición de cuentas de las autoridades públicas y la fiscalización ciudadana. Esta versión del estudio analiza en detalle las promesas legislativas que se hacen en cada discurso, para luego evaluar cuánto avanza el gobierno en cumplirlas.

Del Dicho al Hecho 2017 cifra en un 58% el grado de avance de las promesas hechas en el discurso del 21 de mayo 2016. Además, evalúa en 3,1 (en una escala de 1 a 4) el nivel de coherencia entre los proyectos enviados al Congreso respecto a las promesas enunciadas en el discurso.

“Si bien el porcentaje de avance en las promesas del discurso de 2016 es el mayor del segundo gobierno de Michelle Bachelet, esta cuenta tuvo marcadamente menos promesas que las anteriores. Hay avances importantes en promesas históricas, como las relativas a infancia, pero también hay compromisos emblemáticos que no se han podido concretar por falta de capacidad política para conseguir los apoyos necesarios, como son los casos de Educación y la Nueva Constitución”, señala Laura Encalada, coordinadora metodológica de Ciudadano Inteligente.

Los resultados muestran que de 37 promesas legislativas, sólo ocho fueron completadas en su totalidad. Estas son la tipificación del delito de tortura, el proyecto que sanciona la colusión, la creación de una Comisión de Valores y Seguros, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, la Ley de Equidad Tarifaria Residencial, el Plan de Formación de Médicos Especialistas y Odontólogos, el fortalecimiento de sindicatos y negociaciones, y la licencia para padres y madres con hijos enfermos o accidentados graves.

Dentro de las promesas con 0% de avance, destacan la incorporación de nuevos estándares de transparencia en las Fuerzas Armadas, importante considerando los últimos casos de corrupción, el perfeccionamiento a la cuestionada Ley de Pesca, cuya tramitación fue fuertemente influida por empresas privadas, y la modificación del estatuto especial para temporeros y temporeras, una promesa del programa de Michelle Bachelet.

Además, quedan con grados de avance parcial proyectos emblemáticos de su gobierno, como la creación del Sistema Nacional de Educación Pública (con 70% de avance), gratuidad permanente en Educación Superior y una nueva Constitución (ambas con 40% de avance).

“En medio de una de las crisis de confianza más profundas en la política chilena, la palabra empeñada debe valer más que nunca. Una democracia viva es una en la que la ciudadanía fiscaliza y exige la rendición de cuentas, y en la que las autoridades transparentan sus avances, obstáculos y desafíos en prometer lo que han cumplido”, destaca Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente.