PRI presentó querella contra Guillermo Teillier por delitos de contrato simulado, estafa y falsificación

Esta mañana, abogados del Partido Regionalista Independiente (PRI) presentaron una querella criminal en contra del diputado Guillermo Teillier por los eventuales delitos de contrato simulado, estafa y falsificación, entre otros. Además del presidente del Partido Comunista, la acción judicial también va dirigida a José Ricardo Solé, miembro del Comité Central del partido, entre otros personeros como Ricardo Enrique Castro y Pablo Andrés González.

Eduardo Salas, abogado del PRI, explicó a Emol que tanto Teillier como Solé habrían “realizado una serie de contratos simulados desde que se constituyó la Sociedad de Inversiones Progreso SpA (…) Luego las rectificaciones que se hicieron a esa sociedad, además del nombramiento por parte de militantes del PC, el señor Castro y el senador González, como gerente general de don José Ricarod Solé, además la firma de los contratos que estimamos simulados de cesión y venta de acciones por parte del PC a la sociedad de inversiones que se había creado recientemente”.

La demanda apunta a “los delitos de contratos simulados, previstos y sancionados en el artículo 471 número 2 del Código Penal; estafa del artículo 467 inciso final del Código Penal, falsificación de documentos públicos o auténticos, previsto y sancionado en el artículo 193 número 4 del Código Penal, en relación al artículo 194 del mismo cuerpo legal y vinculado al uso malicioso de instrumentos público falso, en conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código Penal”.

Salas sostiene que “lo que ocurrió es que se hizo un contrato simulado para defraudar a otro, se defraudó al Estado, al Servel y a la Ley de Partidos Políticos. Además, se defraudó a los 50 mil o más militantes del PC, porque se concurrió a realizar actos que perjudicaran a dicho partidos en su existencia y el patrimonio del mismo”.

“Es de conocimiento de esta parte que el Partido Comunista tenía una gran cantidad de bienes inmuebles, que por su gran numero, la gran mayoría de estos era destinados a actividades de lucro, como por ejemplo el arriendo de dichas propiedades. Actividades que se alejan absolutamente de los fines de todo Partido Político democrático y que más parecen una actividad empresarial del rubro inmobiliario“, agregó.

Salas también asegura que “llama profundamente la atención que el supuesto pago de alrededor de cien propiedades, subvaloradas en aproximadamente 3.500 millones de pesos, se acuerden en pagos posteriores al contrato de venta en un plazo extendido de 10 años, comprometiéndose la primera cuota a fines del 2016, lo que además no ocurrió conforme a la rectificación que se señaló respecto del pago único de 25.234,11 UF, que se difirió en 300 días. Es muy probable que dada la demostrable insolvencia económica de los compradores el plan consistía en seguir firmando prorrogas del pago del contrato de venta”.