SEC presenta cargos contra La Parva por derrame de combustible y falsificación de registros de tanques

Tras el derrame de 15 mil litros de kerosene en el río Mapocho que provocó el corte de agua a más de nueve mil familias en el sector oriente de la Región Metropolitana, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra el centro de esquí La Parva por contravenciones normativas. Con eso, se presentó a la Fiscalía una denuncia por la falsificación de los registros correspondientes a las instalaciones de combustibles líquidos.

El superintendente Luis Ávila, explicó que la fiscalización que se realizó el pasado 24 de mayo, permitió detectar una serie de infracciones a la normativa vigente. Entre ellas está la falta de pruebas de hermeticidad de los tanques, las que no fueron realizadas en ocho años desde la instalación de dichos recipientes; la falta de un registro diario de los volúmenes del combustible; el no contar con personal capacitado para la operación de combustibles líquidos ni con un prevencionista de riesgos; y por problemas con los tableros eléctricos del recinto; entre otras falencias.

“Hemos detectado un conjunto de situaciones que contravienen la normativa vigente, razón por la cual lo que corresponde es la formulación de cargos con miras a eventuales sanciones. Pero más allá de las multas, lo que nos interesa, como organismo fiscalizador, es que los representantes de este recinto corrijan a la brevedad sus problemas para evitar nuevos episodios como el vivido la semana pasada”, indicó

Todo esto, luego de que ADN Radio revelara que el estanque de kerosene del complejo de esquí no cumplía con las revisiones de hermeticidad.

Según consignó el mismo medio, en la fiscalización que se llevó a cabo en terreno, se percataron de la falsificación de los registros de inscripción de las instalaciones, puesto que los códigos de dicho documento fueron duplicados de una propiedad existente en la comuna de Padre Hurtado, investigación que ahora quedará en manos del Ministerio Público, pues el delito de falsificación de instrumento público es de competencia de dicho organismo.

A raíz de esto, la empresa tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos, los que serán evaluados para ver si corresponde o no aplicar multas, las que podrían llegar a las 10 mil UTA, más de $5 mil 600 millones.