Fiscalía inició diligencias con la PDI sobre polémica venta de propiedades del PC

La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte instruyó a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI una serie de diligencias respecto a la venta de propiedades que realizó el Partido Comunista para ajustarse a la nueva Ley de Partidos. Esto, luego de que el PRI presentara una querella contra la colectividad que lidera Guillermo Teillier por los presuntos delitos de contrato simulado, estafa y falsificación de instrumento público.

Tal y como da a conocer el diario La Tercera, la PDI deberá tomar contacto con dirigentes del PC quienes deberán entregar documentación relativa a la transacción de propiedades, lo que se realizará a través de la defensa del representante legal y presidente del colectivo, el abogado Ramón Sepúlveda. Junto con eso, se solicitó al Servel información respecto a la normativa vigente, además de pesquisar en el Archivo Judicial una serie de documentación notarial relativa a la transacción y a los inmuebles.

Esto ocurre luego de que hace unas semanas se diera a conocer que el PC vendió unas propiedades que hasta entonces rentabilizaba mediante arrendamientos, y cuyos fondos destinaba a financiar el funcionamiento normal del partido y sus campañas. Fue en octubre cuando Tellier vendió a la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, cuya propiedad está compuesta por un académico y antiguo militante del PC, Ricardo Castro, y un ingeniero comercial no militante, Pablo González. Esta sociedad fue creada única y exclusivamente para la venta y es representada legalmente por un integrante del Comité Central del partido y que estuvo a la cabeza del proceso de refichaje, Ricardo Solé.

Pese a que gracias a la querella del PRI se investigan los delitos de contrato simulado, estafa y falsificación de instrumento público, la venta pudo haber vulnerado La Ley de Partidos. Es que según el artículo 35 ter de la Ley Orgánica Constitucional 18.603, los partidos “no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado, o cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado”.

Así, el Ministerio Público busca dilucidar por qué la venta se realizó respecto del avalúo fiscal de las propiedades y no comercial. Esto, según el contrato, por un monto exacto de $ 3.086 millones, monto que tras ser repactado aumentó a cerca de $ 3.500 millones.