Control Preventivo de Identidad fue un fracaso absoluto

Con datos y cifras en mano, la Fundación Paz Ciudadana analizó los efectos del primer año de implementación del control preventivo de identidad (CPI) ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

Esta revisión de antecedentes se realizó en el marco del estudio del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, en materia de control preventivo de identidad.

Esta revisión se produce además para valorar la pertinencia de ampliar su uso a personas entre 16 y 18 años.

Algunas de las conclusiones de Paz Ciudadana incluyen que no hay aumento en el número total de controles de detención después de la Ley Nº 20.931, agregando que se produjo la absorción de controles investigativos por parte de los preventivos.

Agregaron que los controles preventivos son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes.

Finalmente, concluyeron que no se visualiza un efecto de la ley 20.931 en la disminución de órdenes de detención pendientes.

Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, comentó antes los diputados que “los números arrojan que lamentablemente no existe una mejora en el sistema. No hay un mayor número de controles y la efectividad del sistema es relativamente baja”, afirmó.

Su recomendación fue en la línea de “contar con mayor información que pudiera relevar la importancia de aplicar una norma de este tipo, porque la información que nosotros tenemos hoy día no demuestra que la implementación de una norma nueva que baje la edad pueda significar un avance en materia de persecución de la delincuencia”, finalizó.

En cuanto a la revisión de evidencia generada y el cumplimiento de objetivos, expusieron que el sistema no permite conocer la aplicación práctica del CPI, puesto que no muestra un registro desagregado (género, edad, nacionalidad, comuna de residencia, etc.).

La fundación planteó, además, priorizar la implementación de estrategias policiales focalizadas; avanzar en la creación del Servicio Nacional de Reinserción Adolescente, para generar oferta de calidad de intervención de jóvenes infractores y también generar mecanismos para mejorar la eficacia policial en prevenir y controlar el delito

Por último, plantearon promover la implementación de sistemas que permitan evaluar el desempeño policial en pos de mayores niveles de transparencia institucional.

Al respecto, el diputado Leonardo Soto (PS) dijo que “la evidencia disponible, a casi un año de creación de esta herramienta de control de identidad preventivo, indica que tendría poco o nulo impacto en materia de seguridad ciudadana y en relación a órdenes de detención, poniendo un gran signo de interrogación sobre la justificación que tuvo precisamente legislar en esta materia, creando esta herramienta de control policial”.

El parlamentario añadió que “incluso deja entrever que la policía ahora tendría menos eficiencia y eficacia para poder controlar el fenómeno delictual, toda vez que buscaría controlar la identidad de personas que no tienen ningún compromiso delictivo y no con las que se pensaba que lo iban hacer”, opinó.