Experto en transportes califica como “regresivo” el registro de evasores del Transantiago

En su último trámite legislativo en el Senado, el Congreso despachó el proyecto que crea un registro de evasores del Transantiago.  Los parlamentarios también aprobaron que a quienes no pagan el pasaje se les prohíba obtener licencias de conducir, permisos de circulación e, incluso, pases escolares.

Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, la lista de personas que no cancelan el Transantiago es una medida regresiva, ya que castiga, principalmente, al segmento de la población que mayores dificultades económicas tiene para cancelar el monto del servicio.

“Estamos exponiendo a un grupo socioeconómico que cae en deuda por cosas concretas como el Transantiago, y es bastante regresivo porque los castiga aún más. Son un grupo que tiene dificultades para el pago”, enfatiza.

Según el especialista, una mejor línea de acción para disminuir la evasión es generar condiciones económicas para que todos puedan pagar el pasaje. En ese sentido, indica que la mejor opción sería generar un subsidio o valor diferenciado para los sectores más vulnerables. “La multas y el registro de evasores son las medidas más malas para enfrentar la evasión”, considera.

A su juicio, una lista como esta es “peligrosa”. “El riesgo detrás de esto es que si se crea un registro de evasores, se va a estar creando una base de datos de morosidad que será mal utilizada por gente que no tiene nada que ver con el transporte, sino con asignación de créditos y tarjetas comerciales, lo que sería peligroso y regresivo”, explica.

Aunque los parlamentarios establecieron que el acceso al registro de evasores será vía Ley General de Transparencia y, por lo tanto, solo a personas naturales, Martin advierte que “una empresa de créditos puede acceder a esta información, pidiéndola a nombre de una persona natural”, por lo que no sería seguro que el manejo de esos datos.

Finalmente, recalca que la mejor opción para disminuir la evasión no va en este sentido, sino en aumentar la fiscalización a través de zonas pagas y mejorar la calidad del servicio. “Es muy fácil que las listas de morosidad sean mal utilizadas, porque mantener informados y actualizados a todos los municipios es mucho más difícil a que esa lista empiece a moverse por casas comerciales”, concluye.