Senado decidió no aplicar sanciones por mal uso de asesorías externas de la UDI y la DC
La comisión de Ética determinó no aplicar multas a dos senadoras y a dos comités parlamentarios.
El pasado martes, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado se reunió para analizar cuatro oficios reservados con reparos sobre el mal uso de recursos para Asesoría Externa que habían llegado desde el Comité de Auditoría Parlamentaria con responsables concretos en esta materia.
Se trataba del mal uso que estaban haciendo los comités de senadores de la UDI y la Democracia Cristiana, y de las legisladoras UDI Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe, según explica T13. Pese a ello, la comisión optó por no formular sanciones en ninguno de los casos.
De acuerdo a lo publicado, en el caso del gremialismo los reparos apuntaban a la empresa Lama y Asociados Ltda., que debía prestar asesorías comunicacionales, legislativas y de políticas públicas al Comité UDI por un monto mensual de $1.870.000.
Sin embargo, llamó la atención el hecho de que entre los documentos había listados de candidatos a las elecciones municipales 2016 de la región del Biobío, nóminas de autoridades electas, información extraída del Servicio Electoral y de medios sin señalar su fuente. A juicio de los auditores, esto no guarda relación con los servicios contratados.
“Son copia, en algunos casos íntegra y en otros parcial, de los presentados por la Consultora Biobío Sur Ltda., contratada por la Corporación el 7 de marzo de 2013 como asesora externa del senador Víctor Pérez Varela, miembro de ese mismo Comité”, afirma el documento del Comité de Auditoría Parlamentaria, quienes determinaron que el representante legal de ambas es Hernán Manuel Lama Benavides, por lo que el informe fue pagado dos veces.
En el caso de la DC existía un contrato de pago por horas con Hugo Ilabaca Morales, donde no existió una rendición de las horas trabajadas. Sin embargo, se pagó una suma fija mensual “aun cuando los reportes dan cuenta de diferentes cargas de trabajo”. “Se evidencia una diferencia pagada en exceso que alcanza a los $6.742.534”, afirman.
En el caso de las senadoras, hubo contratos por trabajos con sus asesores que no fueron respaldados de manera correcta o no estaban realizando las labores por las que tenían acuerdos.
