Ministro de Justicia defiende creación de 101 notarías
Campos calificó la controversia como "artificial e infundada".
Con una fuerte respuesta a las críticas que recibió durante su tramitación, el ministro de Justicia Jaime Campos celebró la firma por parte de la Presidenta Michelle Bachelet del decreto que dispuso la creación, separación, fusión y numeración de 101 nuevos cargos de notarios, conservadores y archiveros a lo largo de todo el país.
A través de una columna publicada en El Mercurio, titulada “Para verdades, el tiempo”, Campos califica como “artificial e infundada” la controversia levantada por la Asociación de Notarios y Conservadores y “por quienes amparan y defienden sus intereses personales y corporativos”.
“Se sostuvo mediáticamente durante meses que lo obrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos era ilegal y arbitrario; que el decreto aludido carecía de fundamentos o de motivación; (…) que se trataba de una maniobra política para acomodar a parientes, amigos y actuales funcionarios de gobierno; que nos animaban las más torcidas y pérfidas intenciones; etcétera; todas falaces argumentaciones que fueron rechazadas por las propias Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, en acuerdo unánime. Como se diría en jerga futbolística, perdieron 4-0”, comenta el ministro en su texto. Aclarando además que la mayoría de esos cargos serán provistos por el nuevo gobierno.
Campos califica la creación, separación y fusión de estos 101 nuevos cargos de notarios y conservadores como una “excelente noticia para los usuarios”, quienes podrán acceder de manera más expedita a estos servicios, sobre todo en lugares apartados, generando mayor competitividad, mejor atención y reducción de costos.
En la misma columna, Campos aborda el que, a su juicio, es un tema que se dejó de lado: “La revisión del arancel de notarios y conservadores, no para reajustar los actualmente vigentes, como algunos simplemente pretenden, sino para rebajar sus valores, aumentar las diligencias exentas de pago o sometidas a una cancelación mínima, terminar con la discrecionalidad en la determinación de aquellos, eliminar abusivas distinciones entre oficios de Santiago y de regiones, todas cuestiones también propias de la potestad reglamentaria y que no requieren de trámite legislativo alguno o del asentimiento de los que ejercen la labor registral”.
Concluye Campos que en cuatro años se podrá evaluar si se aprobó en el Congreso Nacional la forma de designar a notarios, conservadores y archiveros o los sustituirá por otros agentes, variando su supervigilancia y dependencia. “Por de pronto, excúsenme por mi escepticismo proverbial, aunque estoy dispuesto a cambiar tal disposición anímica si la realidad me demuestra lo contrario”, afirma.
