La UC se enfrenta a Carlos Peña por objeción de conciencia y aborto
El rector de la Universidad Diego Portales cuestionó la postura de la Universidad Católica ante la normativa que la obliga a cumplir con la ley y realizar abortos.
Una columna de Carlos Peña publicada el fin de semana molestó a la Pontificia Universidad Católica, plantel que controla el servicio de salud UC Christus, y que impulsó la objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.
En el escrito de Peña en El Mercurio, el rector de la Universidad Diego Portales establece que “es el Estado, y no la UC, el que tiene la razón” respecto a la normativa que no permite a la institución tener objeción de conciencia por tener convenios del Estado.
“Si el Estado celebra un convenio con un particular como es la UC, no para subsidiar las creencias de esa universidad, sino para promover los fines y deberes que la ley impone, entonces es totalmente razonable que no se pueda esgrimir la objeción de conciencia. La razón es obvia, pero vale la pena repetirla: el convenio no es un medio para subsidiar las creencias de la UC, sino un instrumento para cumplir los fines del Estado“, establece.
Ante esta afirmación, la abogado del recurso de protección de la UC, Ángela Vivanco, respondió en una extensa carta por qué su cliente tiene la razón.
“La objeción de conciencia no es un permiso o una concesión graciosa de la autoridad, sino un derecho consagrado en la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya desde su mensaje, y modulado en sus contenidos por el fallo del Tribunal Constitucional en la materia”, expresa la docente.
“El hecho de haber celebrado con el Estado no ha significado por parte de la UC renuncia o abandono de su ideario, sino, por el contrario, el cumplimiento de su vocación de compromiso público (…) La conclusión que extrae Peña es completamente errónea“, agrega.
En esa línea, contestó a Peña: “La idea de que ‘la objeción de conciencia se esgrime frente a los deberes que impone la ley, no frente a las obligaciones surgidas de un convenio voluntario’, ignora que la UC jamás se ha comprometido por contrato alguno a practicar abortos. Asimismo, ningún contrato podría forzar a los contratantes en desprecio de la Constitución y la ley“.
