Pugna por “Operación Huracán”: Fiscalía acusa “inactividad evidente y manifiesta” del Gobierno

“No se ha recibido aún la solicitud del gobierno. No conocemos el contenido”, señaló esta mañana la vocera (s) del Ministerio Público, Patricia Muñoz, sobre del anuncio que realizó anoche La Moneda de pedir al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que indague “situaciones acaecidas” en la tramitación de la Operación Huracán.

En un escueto comunicado, el Ministerio de Interior informó ayer que apelará a la decisión del tribunal de Garantía de Temuco que decidió sobreseer a los 8 comuneros imputados y que recurrirá de queja en contra del juez que rechazó su solicitud de reabrir la investigación. Pero fue el tercer punto del comunicado el que abrió un nuevo capítulo en la pugna entre La Moneda y la Fiscalía Nacional en el marco de la Operación Huracán.

Esto, pues el texto señala que “se hará una presentación al Fiscal Nacional” sobre “situaciones acaecidas” en la tramitación de la causa. Según explicó ayer el vocero (s) de Gobierno, Omar Jara, esto incluye el trato que recibieron los abogados de la Intendencia de parte de los fiscales el viernes pasado en la audiencia, donde fueron calificados como “negligentes”.

Sobre este punto, Muñoz señaló en entrevista con Radio Universo que “lo que hicieron los fiscales (…) fue dar cuenta de las actividades procesales que correspondía realizar a uno de los intervinientes, en este caso los querellantes, y que no habían sido ejecutadas conforme la ley establece. (…) Falta de información acerca del estado de la causa, falta de conocimiento acerca del secreto, la inactividad en relación a pedir que se levantara el secreto. Ahí me interesa puntualizar algo: yo como fiscal puedo decretar el secreto de una investigación, pero si hay querellante en la causa, el querellante podría solicitar al tribunal que ese secreto se levantara y esas actividades no fueron realizadas por el Ejecutivo”.

Consultada por la forma que ella califica ese actuar, Muñoz respondió que hubo “inactividad evidente y manifiesta” por parte del Gobierno.

Carabineros debe explicar rol de Smith

Muñoz también se refirió a el ejercicio realizado anoche en televisión al programa espía Antorcha de parte de su creador y quien es uno de los imputados del supuesto montaje, Alex Smith, quien ante las cámaras de Canal 13 trató de demostrar cómo opera el sistema. “Las pruebas deben producirse en el contexto de una investigación y cualquier otro tipo de manifestación pública o privada como lo que se realizó en el programa no tiene ninguna validez jurídica”, precisó Muñoz. “En términos técnicos no nos corresponde pronunciarnos acerca de esta prueba, más allá de (…) la ineficiencia que tuvo de poder interceptar las conversaciones del periodista (Emilio) Sutherland con su otra colega y de que le haya funcionado con su defensora”.

“Lo cierto es que cuando el señor Smith declaró en la investigación en calidad de imputado, se le ofreció la posibilidad de exhibir el funcionamiento de su aplicación. El desechó esa oportunidad, por lo que nos parece que desde ahí tendremos que ver en la lógica de la investigación qué tipos de prueba se allegan para sostener o no la veracidad de sus dichos, o las contradicciones que él ha ido sosteniendo en relación a su testimonio en la fiscalía”, agregó.

Muñoz reiteró que “la fiscalía cuenta con peritajes externos de profesionales de la ingeniería informática (…) donde se sostiene lo que hemos sostenido sobre la manipulación de las pruebas de teléfonos celulares que habrían sido incautados a los comuneros mapuches”.

La vocera agregó que, tal como ha sido informado en la prensa, en la causa “quedan de manifiesto las contradicciones en las que ha incurrido, tanto en la información que ha entregado respecto del funcionamiento de su aplicación como también en relación a la actividad que pretendía desplegar en su rol de asesor de esta unidad de inteligencia de carabineros”.

Sobre este punto, Muñoz enfatizó que “parece relevante que sea Carabineros de Chile y no el Ministerio Público quien explique en qué contexto una persona civil no funcionario de la institución tenía acceso o intervenía de manera directa con una unidad de inteligencia policial aplicando lo que la misma ley de Inteligencia dispone. Esa esa institución la que debe responder sobre ello”.