Ex ministra Pascual tilda de “discriminatorios” cambios a protocolo de objeción de conciencia
Junto con ello, la ex ministra de la Mujer indicó que las modificaciones "limitan las posibilidades de que más instituciones puedan dar estas prestaciones de salud”.
Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, cuestionó las declaraciones del titular del Minsal, Emilio Santelices, quien recalcó que los cambios al protocolo de objeción de conciencia al aborto en tres causales no afectarán su aplicación.
Frente a esto, la ex secretaria de Estado dejó en claro a Emol que “el cambio que se ha propuesto en el protocolo de objeción de conciencia precisamente lo que hace es limitar la posibilidad de dar las prestaciones de salud en el sector privado en el caso de la ley que nos permite despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales”.
“Porque efectivamente le permite a todas las instituciones privadas objetar institucionalmente, incluso aquellas que tienen convenios con el Estado para poder asegurar por ejemplo la prestación del sistema nacional de salud en aquellos lugares en que el propio servicio público no llega”, explicó.
Pascual apuntó que las reformas hechas por el Gobierno “hacen más laxos los requisitos para poder manifestar esa objeción de conciencia. Por ejemplo, en la objeción de conciencia individual no se hace perentorio el utilizar un formulario de manifestación de conciencia con todos los requisitos que hay, sino que uno lo puede dejar puesto en cualquier página”.
“Además, se elimina la obligación que tenía el jefe del establecimiento de firmar esas fichas de manifestación de objeción de conciencia”, detallando que “también se elimina el tener que mostrar el acta en donde la institución toma la decisión de ser objetor de conciencia. Entonces, es como medio extraño que uno diga, ‘¿solo el representante legal va a poder decir nuestra institución es objetora de conciencia y no hay un acto institucional colectivo que diga tomemos la decisión de ser objetores de conciencia?”.
Estos cambios, según la ex ministra de la Mujer, pueden generar “una discriminación en función de aquella mujeres que se atienden por instituciones privadas en aquellos lugares donde el servicio público tiene un convenio específico con ellos para dar ciertas prestaciones gineco-obstetricas, y por otro lado también se les dificulta a las mujeres de Isapre que se atiendan en clínicas privadas”.
Así, para Pascual se “limitan las posibilidades de que más instituciones puedan dar estas prestaciones de salud”.
